El decreto del presidente Macri echa por tierra uno de los avances más significativos de la democracia, retrotrae la legislación a los tiempos de la dictadura militar y atenta contra la soberanía.

La modificación del decreto 727/2006 anunciada hoy por el presidente en el ex centro clandestino de detención de Campo de Mayo es una reforma altamente regresiva en materia de seguridad y derechos humanos. Una reforma, a su vez, que desconoce las luchas de la sociedad argentina por definir un marco institucional al accionar de las FFAA que limite su capacidad de intervención y evite actos que vulneren la democracia.

En la memoria del pueblo argentino la intervención de las FFAA en la seguridad interior está profundamente asociada a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, después de dos décadas de sucesivos golpes de Estado. La misma estuvo amparada en lo que se llamó la “Doctrina de la Seguridad Nacional”, impuesta por EEUU para todo el continente Latinoamericano. Desde el retorno de la democracia en 1983, gobiernos de distinto signo político trabajaron, en consonancia con el reclamo popular, para establecer diferencias en materia de seguridad interior y defensa nacional.

Las leyes de defensa nacional de 1988 (sancionada por el gobierno radical de Raúl Alfonsín) y la ley de seguridad interior de 1991 (sancionada durante el gobierno justicialista de Saúl Menem), y el decreto 727 de 2006 (durante la gestión del presidente Néstor Kirchner) fueron determinando esos límites.

Puede corroborarse, entonces, que la prohibición para que las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones de seguridad interior fue el resultado de acuerdos alcanzados desde la transición democrática por una amplia y mayoritaria pluralidad de actores políticos. El gobierno de Macri ha roto con estos grandes acuerdos y hoy eso marcos institucionales se ven seriamente amenazados.

La gravedad de esta situación se inscribe a su vez en un contexto de fortalecimiento de las políticas represivas que, bajo el paradigma de las “nuevas amenazas”, han profundizado la militarización del espacio público y provocado un aumento de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad.

Estas “nuevas amenazas”, el narcotráfico y el terrorismo, son las que utilizan para justificar el cambio de doctrina para así alinearse a los EEUU en materia de seguridad siguiendo los “objetivos estratégicos” de las potencias hegemónicas. La participación de las FFAA en seguridad interior es pérdida de soberanía y no más seguridad.

Ya hay antecedentes. El uso de la Prefectura y de la Gendarmería fronteras adentro no ha demostrado ningún impacto positivo, solo más gastos en armas y equipamientos y la reformulación de los objetivos funcionales de estas fuerzas ahora utilizadas para la represión en los conflictos internos y en particular de la protesta social, retirándolas de los controles fronterizos.

Las muertes de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel son la muestra más clara de la orientación de esta política de seguridad y su resultado más dramático. ¿Estos son los objetivos estratégicos de la seguridad interior como reza el decreto? ¿El conflicto social y la protesta son las nuevas amenazas? ¿Este es el terrorismo del que debemos defendernos los argentinos? ¿Volverán las FFAA a hacer inteligencia para definir a los “enemigos internos”?

En una sociedad con cada vez más pobres y desocupados ¿qué significa esta respuesta del gobierno?

Pues no pueden admitirse los argumentos explicitados. Ya ha quedado demostrado que no existen experiencias felices en el involucramiento de las FFAA en la seguridad interior. Todo lo contrario, los países que adoptaron este camino solo consiguieron más violencia, degradación y corrupción estatal agravando los problemas que decían combatir. Colombia, México y Brasil son claros ejemplos de esto. El resultado está a la vista: la violencia se ha convertido en una pandemia difícil de parar.

¿En qué sociedad nos quiere convertir este gobierno?

La seguridad del pueblo no son las FFAA, la seguridad debe ser social: salud, educación, vivienda y trabajo. Todos estos derechos de las personas y de los pueblos que hoy son vulnerados en nuestro país por las políticas regresivas en materia económico-social y por las políticas represivas en materia de seguridad.