La administración de Ricardo Quintela llevó a la Justicia una denuncia contra el Gobierno nacional por el supuesto uso irregular de fondos destinados a obras viales. La Rioja quedó como querellante en una causa que busca determinar qué ocurrió con más de $1 billón correspondientes al Sistema Vial Integrado (SisVial).

La presentación apunta contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios nacionales, a quienes se solicita investigar por presunta defraudación en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.

El planteo provincial sostiene que la falta de ejecución de esos recursos habría generado un fuerte impacto sobre obras estratégicas.

La polémica por el destino de las partidas del SisVial tomó mayor relevancia luego de declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, durante un encuentro realizado en La Pampa. En esa oportunidad, reconoció que parte de los fondos se utiliza para «lograr el equilibrio fiscal». Según la información, una porción de esos recursos permanecería colocada en inversiones financieras, principalmente títulos públicos y plazos fijos.

La denuncia fue impulsada por el abogado y dirigente peronista Jorge Yoma, exdiputado y exsenador nacional. A través de una publicación en la red social X, el dirigente afirmó que la provincia aportó documentación y distintos elementos relacionados con el “grave perjuicio” que habría ocasionado la paralización de obras viales relevantes tanto para La Rioja como para el resto del país.

 

 

 

Entre los proyectos mencionados aparece el Corredor Bioceánico, una obra que vincula La Rioja, Chilecito y Pircas Negras con la República de Chile. Yoma destacó la importancia de esta infraestructura y la definió como una “obra de interés estratégico para el país”, al remarcar las consecuencias que tendría para la provincia la falta de avances en su ejecución.