El presidente Javier Milei anunció una baja en las retenciones para productos agropecuarios clave, entre ellos el maíz, el trigo y la soja. La medida busca incentivar las exportaciones y mejorar la competitividad del sector, pero abre interrogantes en el plano fiscal y también en el frente inflacionario.

La reducción en los derechos de exportación del maíz del 12% al 9,5% alcanzará a uno de los insumos más relevantes en la cadena alimentaria. Según explicó la economista Antonella Semadeni, de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), el impacto en los precios será limitado: el maíz representa apenas el 8% en el costo del pan, el 4% en la leche y entre el 9% y 15% en diferentes tipos de carne.

Sin embargo, desde el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadin Argañaraz advirtió que una suba en los precios internos podría afectar el consumo. También señaló que “la baja de derechos de exportación aumenta el precio de los productos, lo que a priori significa una baja de pérdidas o una suba de ganancias, derivando en una posible mayor recaudación del impuesto a las ganancias y de otros impuestos provinciales que gravan la facturación”.

En la industria de los biocombustibles, Axel Boerr, titular de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados, explicó que el aceite —principal insumo para producir biodiésel— se encarecerá, ya que “el precio del aceite en Argentina es el de exportación menos retenciones, más aproximadamente 8%”. Según Boerr, el impacto en el precio final depende de la Secretaría de Energía, que regula las tarifas locales para evitar un traslado directo al valor del gasoil.

Desde Rosario, un productor consultado afirmó que la medida traerá alivio para la industria ganadera, en retroceso desde hace meses, y aseguró que “habrá un impacto en el precio del mercado interno”.

Otros economistas relativizaron esa afirmación. Leonardo Piazza, titular de LP Consulting, sostuvo que la inflación de julio cerrará en torno al 1,5% y que los alimentos mostrarán números deflacionarios. En su opinión, la baja en las retenciones no modificará esta tendencia. “Lo que sí vemos que impacta fuerte en la inflación de los sectores más desprotegidos es la incidencia de los precios regulados que las tarifas de los servicios públicos. Por eso, el gobierno ahora suspendió el ajuste de invierno y aumentó los subsidios”, agregó.

Diego Kofman, del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), propuso una visión distinta. Consideró que “la baja de retenciones opera de modo similar a una devaluación. Por cada producto vendido, ahora el exportador recibe más pesos que antes y el precio interno tiene que empardar ese incremento”. Según Kofman, el impacto inflacionario existe, aunque resulta difícil de medir por la cantidad de factores en juego.

Kofman también planteó que el efecto sobre las liquidaciones del agro podría ser acotado. Explicó que, sin certeza sobre el tipo de cambio y con un escenario fiscal frágil, es posible que los productores prefieran seguir esperando. “Con más certeza que antes, conviene esperar. En ese sentido parece más bien un anuncio de carácter político, que busca cerrar filas con la conducción del sector de cara al proceso electoral en curso”, afirmó.

Además, Kofman cuestionó el sacrificio fiscal que implica la medida, especialmente en un contexto de ajuste: “Aparece una contradicción con la supuesta carencia de recursos para afrontar gastos sociales como jubilaciones, universidades, salud. Si ‘no hay plata’, ¿cómo vamos a renunciar a la recaudación?”.

La medida, celebrada por gran parte del sector agropecuario, representa un giro que el gobierno justifica en la necesidad de incentivar la producción, en medio de la caída de los precios internacionales. Pero deja preguntas abiertas sobre cómo se sostendrá el equilibrio fiscal y si los beneficios para el agro compensarán los efectos sobre los consumidores y los ingresos del Estado.