La crisis económica, producto de la devaluación de la moneda nacional y su impacto en la inflación, sumado al acuerdo que el gobierno nacional concretó con el FMI, tendrá un fuerte cimbronazo en la provincia de Buenos Aires. La recuperación del Fondo del Conurbano, que ilusionaba a María Eugenia Vidal con la concreción del equilibrio fiscal para 2020, y el fin de la “inviabilidad” del territorio más poblado del país, se aleja cada vez más.

Por un lado, la gobernadora intentará contener a los amplios sectores vulnerables del territorio que dirige. Han sido alarmantes los últimos datos que reflejan una duplicación o triplicación en la asistencia de ciudadanos a merenderos y comedores en la mayoría de los municipios. También el último informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Defensoría del Pueblo Bonaerense en el que se destaca que el 63,7% de los niños del gran Buenos Aires vive en casas sin cloaca o agua potable; el 54,2% son pobres y un 37,7% depende de los comedores escolares para alimentarse diariamente.

Ya se puso en marcha, parte de lo que será un plan de contención social y de asistencia inmediata a esos sectores. El anuncio reciente de aumentar las asignaciones familiares y la vuelta del descuento de hasta el 50% con las tarjetas del Banco Provincia en supermercados fueron en esa línea.

En las próximas horas, se ampliaría con un posible adelantamiento del pago de la última cuota del acuerdo paritario con los empleados estatales, previsto para septiembre. También se espera una nueva oferta a los docentes que podría rondar o superar el 20%. Podría haber más anuncios según informaron fuentes oficiales de la gobernación a LaNoticiaWeb.

En tanto, en cuanto a lo financiero, gran parte de los $65.000 millones que se había recuperado por el Fondo del Conurbano, quedaría licuado. Por el acuerdo del gobierno nacional y la meta del 1,3% de déficit fiscal que acordó con el FMI, la provincial deberá sumar a sus gastos entre $30.000 y $50.000 millones por el traspaso de erogaciones vinculadas a las empresas eléctricas (Edenor y Edesur); y subsidios al transporte. Esa cifra equivale a todo el presupuesto que tiene para 2018 en infraestructura.

También la Nación dejará de transferir un monto considerable de dinero en obra pública. Allí, los $30.561 millones que tenía previsto destinar este año podría no ejecutarse en su totalidad.

Tal como señala el diario La Nación, parte de las obras vinculadas a los ríos Reconquista, Luján y Salado; la remodelación y puesta a punto de 80 hospitales y rutas provinciales podrían sufrir demoras y/o cancelaciones.

Para 2019, año electoral, otra cifra pone en alerta al gobierno provincial: comienzan los vencimientos e intereses por alrededor de $80 mil millones en concepto de deuda externa.