El Gobierno nacional introdujo cambios clave en la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, a través del decreto 612/2026, firmado por Javier Milei, Diego Santilli y Sandra Pettovello. La medida surge luego de semanas de negociaciones reservadas con la CGT, que había cuestionado duramente el impacto de la norma sobre el financiamiento de los sindicatos.
La principal modificación redefine la base de cálculo de las cuotas solidarias y aportes previstos en los convenios colectivos. Hasta ahora, el decreto reglamentario tomaba únicamente el salario básico convencional, lo que reducía el monto sobre el que se aplicaba el límite del 2%. Con la nueva norma, se amplía la base e incluye las sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia mensual de origen convencional, aunque se excluyen conceptos como premios, bonos, horas extras, aguinaldo, plus vacacional y pagos no habituales.
El cambio corrige un punto introducido en el decreto 407, impulsado por Federico Sturzenegger, que había generado un fuerte rechazo sindical. La CGT interpretó la nueva medida como un revés político para el exministro y un gesto de apertura del Gobierno, en un contexto donde Santilli asumió un rol central como interlocutor con el movimiento obrero.
El decreto también establece que los aportes patronales destinados a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales quedarán fuera del límite del 2%, siempre que se administren de manera separada. Esto permite que las contribuciones empresarias a las obras sociales no tengan restricciones, un punto clave para gremios como Camioneros, cuya obra social atraviesa una crisis financiera y recibe aportes cercanos a 5.000 millones de pesos mensuales.
La publicación de la norma coincide con la preparación de la CGT para una nueva movilización al Congreso en defensa de los jubilados, dentro de su plan de lucha contra la administración libertaria. En paralelo, la central obrera logró preservar dos pilares de su modelo sindical: el financiamiento de los gremios y el esquema de las convenciones colectivas.
Con este cambio, el Gobierno busca descomprimir la tensión con la CGT y abrir un canal de diálogo más estable, mientras se mantiene la discusión sobre el alcance de la reforma laboral y sus efectos en el sistema sindical argentino.