El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, apeló la decisión del juez federal Ariel Lijo que ordenó que aporte una muestra de su voz para una pericia sobre los audios que dieron origen a la investigación por presuntos sobreprecios y retornos millonarios en la compra de medicamentos e insumos para personas con discapacidad.

La defensa del exfuncionario, encabezada por el abogado Pablo Parera, busca que la Cámara Federal revierta la medida al considerar que obligar a Spagnuolo a participar de la pericia implicaría una autoincriminación, vulnerando garantías constitucionales.

Los audios en cuestión contienen una voz atribuida a Spagnuolo que describe un supuesto esquema de retornos y sobreprecios en contrataciones públicas. Entre las frases más resonantes aparece: «A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria». Sin embargo, la defensa sostiene que las grabaciones son falsas y habrían sido generadas mediante inteligencia artificial, por lo que rechaza su utilización como prueba.

Meses atrás, la Sala II de la Cámara Federal ordenó avanzar con el peritaje de esos audios. En ese marco, Lijo dispuso que la Gendarmería Nacional realizara el estudio e incluyó como parte de la pericia la obtención de una muestra de voz del exfuncionario para compararla con las grabaciones.

El magistrado rechazó el planteo de la defensa para suspender esa medida y consideró contradictoria su postura, al señalar que, mientras cuestionaba la pericia, también había designado peritos de parte y propuesto puntos periciales para el estudio.

Parera respondió que nunca se opuso a la realización del peritaje en sí, sino únicamente a que su defendido fuera utilizado como «sujeto de prueba». En la apelación insistió en que «nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo».

Fuentes judiciales señalaron que, aun si prospera la negativa de Spagnuolo, la pericia podría realizarse utilizando registros públicos de entrevistas que brindó durante su gestión al frente de la ANDIS.

La investigación

La causa investiga un presunto esquema de contrataciones irregulares mediante compulsas de precios paralelas, en las que participaba un grupo reducido de droguerías y proveedores, lo que habría permitido simular competencia para concretar adjudicaciones con sobreprecios y presuntos retornos.

Según la investigación del fiscal Franco Picardi, las maniobras detectadas habrían provocado un perjuicio superior a los 75 mil millones de pesos para el Estado.

Spagnuolo permanece procesado junto a otros exfuncionarios y empresarios por delitos como asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta agravada y cohecho pasivo. La Sala II de la Cámara Federal aún debe resolver las apelaciones contra esos procesamientos.