La Resolución impulsada por un grupo de vecinos fue avalada por los diputados Alcuaz y Cardelli. La Cámara baja deberá ahora investigar aspectos relacionados con el llamado a licitación, el impacto ambiental y los alcances del aliviador. Otro traspié para la obra de García financiada por Nación.
Finalmente, la comisión de Asuntos Municipales de Diputados aprobó el pedido de informes relacionado con el vial costero e impulsado por un grupo de vecinos, quienes manifestaron su reconocimiento al apoyo brindado por dicha comisión presidida por Mario Álvarez (UCR) y de la cual forman parte Jorge Cardelli (Proyecto Sur), quien realizó la presentación. También destacaron el acompañamiento de los legisladores referenciados en el distrito Horacio Alcuaz (Gen) y Norberto Erro (UCR).
En el blog Vecinos en defensa de Vicente López indicaron que “el diputado Alcuaz recordó la recomendación del Defensor del Pueblo de la Nación y dijo que los informes de impacto ambiental realizados por la Intendencia eran ‘truchos’, escritos en una oficina de la Municipalidad”. Asimismo señalaron que el dirigente agregó que “no se había hecho la consulta ciudadana y que el primer tramo del vial de 54 millones por un recorrido de 1 kilómetro era carísimo”. También, destacaron, mencionó la existencia de amparos judiciales.
Cabe recordar que La Noticia Web dio cuenta en mayo de la presentación de un grupo de legisladores solicitando la creación de una Comisión Especial Investigadora, “que tendrá por objeto el esclarecimiento de presuntas irregularidades e incumplimientos legales en torno a la pavimentación del vial ribereño etapa I, comprendido entre Laprida y Arenales, financiado por el Estado Nacional”.
El proyecto que ahora será tratado en la Cámara baja entre sus resoluciones establece que el Poder Ejecutivo requiera a la Dirección de Vialidad Nacional información sobre distintos aspectos referidos a la obra pública “Ejecución del Vial Ribereño – Etapa I”.
Además, determinará si el llamado a licitación ha sido realizado de acuerdo a los procedimientos vigentes, contando con un estudio de impacto ambiental previo y actualizado tal como lo establece la ley provincial 11.723. Y si dicha obra se enmarca dentro un proyecto de mayor envergadura en el ámbito del área Metropolitana.
