La modificación del Consejo de la Magistratura viola de manera flagrante lo que prevé el artículo 114 de la Constitución. Esto es así pues se dispone la elección por sufragio universal de los representantes de jueces, de abogados, científicos y técnicos. De esta manera se les sustrae a estos sectores la potestad exclusiva de designar a sus representantes. Recordemos que hasta ahora estas designaciones se llevaban a cabo por medio de elecciones organizadas, en cada caso, por los organismos que nuclean a esos sectores. Asimismo, se modifica el régimen de mayorías pasando de la de dos tercios a la mitad más uno de miembros, que permitirá casi seguro al oficialismo de turno el dominio del Consejo. De modo tal que en adelante se recurrirá al mismo mecanismo que para la elección de los integrantes de los poderes políticos. Esto es, a través de la intermediación de los partidos políticos por medio de boletas electorales. Parece que se ha olvidado que el Consejo integra el Poder Judicial y que a sus miembros se les prohíbe toda afiliación partidaria. Tampoco se ha tenido en cuenta que el objetivo que se persiguió con la incorporación en 1994 del Consejo a la Constitución fue precisamente el despolitizar y de “despartidizar” a la Justicia. Hoy con esta modificación se produce lo inverso, convirtiendo a los jueces en candidatos, obligándolos a formar parte de asociaciones partidarias. Ello así, en el futuro ocurrirá algo similar a lo que sucede en el Legislativo, en el que se consiguen las mayorías a través de la disciplina partidaria. El problema es que los asuntos del Poder Judicial refieren a cuestiones de control, de equilibrio en el que están en juego el goce de derechos garantizados en la Constitución y en tratados internacionales. Semejante cambio no puede ser visto sino como un intento de dominar a la Justicia, en detrimento de los intereses de los justiciables.

Este propósito también surge nítido cuando se comprueba el serio debilitamiento de las medidas cautelares interpuestas contra el Estado -por no decir su definitivo aniquilamiento-, en la respectiva ley, como así también con la creación de tres nuevas Cámaras de Casación. En efecto, las nuevas condiciones impuestas para la interposición de esas medidas, la necesidad de notificar al Estado, la suspensión de sus efectos en caso de apelación, entre otras novedades, no hacen sino destrozar su sentido. Se trata de claras garantías frente a la posible omnipotencia de los actos de la autoridad estatal. Tienen como sustento la base del constitucionalismo que tuvo como gran objetivo la construcción de un gobierno limitado para asegurar el pleno goce de los derechos humanos. Sin embargo, la concepción de la Dra. Kirchner pareciera reposar en la presunción de que el Estado, o mejor dicho quienes son sus titulares en cada momento, nunca se equivocan y que por el contrario siempre actúan en beneficio de los intereses de los gobernados.

Los hechos muestran una realidad bien diferente en la que es necesario fortalecer a los gobernados a través de diferentes herramientas procesales que les permitan proteger sus derechos frente a los actos arbitrarios de la autoridad. Gracias a ello se logra detener actos e impedir omisiones que atentan contra el derecho a la vida, a la expresión de las ideas, al ambiente sano, a la protección de los consumidores y usuarios, a la preservación del salario digno, a la movilidad de las jubilaciones, entre muchas otras cuestiones que abarcan otros tantos ámbitos en los que transcurre la existencia humana. La que como se ha puesto de manifiesto recientemente puede llevarse la vida y la salud de las personas.

Las nuevas leyes sumen a la República en una situación de seria gravedad institucional. Ellas adolecen de serias violaciones a la constitución y a tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Así lo ha entendido la relatora de Naciones Unidas encargada de velar por la independencia de la Justicia, quien ha urgido al gobierno Argentino a suspender la aplicación de la reforma por transgredir lo establecido en la materia en el Pacto de Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos.