La sanción de la nueva ley de glaciares en la Cámara de Diputados dejó una fuerte ola de cuestionamientos en el ámbito científico, tanto a nivel local como internacional. Especialistas en glaciología, hidrología y minería coincidieron en un punto central: la norma abre la puerta a decisiones que pueden afectar zonas críticas para el abastecimiento de agua.

Desde el exterior, investigadores con trayectoria en el estudio de ecosistemas de montaña marcaron que cualquier intervención en áreas cercanas a glaciares implica riesgos concretos. “La idea de que haya minería en un glaciar es imposible. Y aunque no estén sobre uno sino cerca, es muy complicado. El glaciar es frágil por definición. Incluso puede haber problemas de seguridad, como aludes”, explicó José Cabello, geólogo chileno con más de cinco décadas de experiencia.

El planteo se apoyó en una preocupación más amplia. Los científicos remarcaron que los glaciares ya atraviesan un escenario crítico a nivel global, con una pérdida sostenida de masa producto del cambio climático. En ese contexto, cualquier actividad adicional en su entorno podría agravar el deterioro. “Esto va en aumento. Los glaciares funcionan como embalses que acumulan nieve y liberan agua en verano, justo cuando más se necesita. Las sequías y el calentamiento hacen que recuperen menos de lo que pierden. Esto implica que, hacia fines de siglo, el volumen será mucho menor”, advirtió el investigador Álvaro Ayala.

Las advertencias no se limitaron al impacto ambiental directo. También apuntaron a la redefinición del criterio de protección que introduce la ley, que deja en manos de cada provincia la evaluación sobre qué cuerpos de hielo poseen “relevancia hídrica”. Para los expertos, ese esquema puede generar decisiones dispares y conflictos entre jurisdicciones. Además, señalaron que los sistemas hídricos no respetan límites políticos y requieren una mirada integral.

En esa línea, uno de los puntos más cuestionados fue el debilitamiento del rol de organismos técnicos nacionales. Investigadores destacaron la trayectoria del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), al que definieron como un referente regional. Sin embargo, advirtieron que la falta de recursos limitó su capacidad de actualización y monitoreo, un problema que no se resuelve con la descentralización propuesta en la ley.

“Me llama la atención que las decisiones queden en manos provinciales, porque son recursos que atraviesan jurisdicciones. Se necesita una visión integral de país”, sostuvo el ingeniero chileno Maximiliano Rodríguez, en referencia al nuevo esquema que habilita evaluaciones fragmentadas.

El debate también dejó expuestas inconsistencias en algunos argumentos oficiales. Durante el tratamiento legislativo, el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, afirmó: “No es cierto que estemos en un cambio climático que lleve a la desertificación al mundo”. Sin embargo, informes internacionales contradicen esa postura. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU concluyó que el calentamiento global ya afecta ecosistemas, incrementa fenómenos extremos y contribuye a la degradación de tierras.

En paralelo, especialistas cuestionaron la idea de que la normativa previa bloqueaba el desarrollo minero. Los datos mostraron lo contrario: la actividad extractiva avanzó en las últimas décadas y se concentró fuera de las áreas protegidas, que representan una porción mínima del territorio nacional.

Otro eje de crítica apuntó a la visión sobre la disponibilidad de agua en el país. Frente a declaraciones que minimizaron el problema, expertos recordaron que gran parte del territorio argentino presenta condiciones de aridez. En ese contexto, los glaciares y el ambiente periglacial cumplen un rol clave como reservas estratégicas.

El nuevo marco legal, al limitar la protección solo a ciertos cuerpos de hielo, generó especial preocupación en la comunidad científica. Estudios previos indicaron que los glaciares de escombro, incluidos en el ambiente periglacial, pueden contener hasta un 70% de hielo y aportar una porción significativa del caudal de los ríos en períodos de sequía.

Con este escenario, las advertencias coincidieron en un diagnóstico: la ley sancionada en Diputados introduce un esquema más flexible en zonas sensibles sin garantías suficientes de control. Para los especialistas, el debate dejó de lado evidencia científica clave y priorizó criterios productivos en un contexto de creciente estrés hídrico.