La estrategia del Gobierno para aprobar la ley de Propiedad Privada volvió a fracasar en el Senado. Ante la falta de respaldo suficiente, el oficialismo solicitó un cuarto intermedio y aplazó la discusión hasta el próximo 6 de agosto. La propuesta recibió 65 votos afirmativos para suspender el tratamiento, mientras que tres senadores votaron en contra y uno se abstuvo.

La encargada de formalizar el pedido fue la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich. La decisión evitó una derrota legislativa que el oficialismo buscó esquivar desde hace varios días, en medio de negociaciones que no alcanzaron para garantizar la aprobación del proyecto.

La iniciativa acumuló una extensa serie de cambios desde fines de mayo y nunca logró consolidar una mayoría estable. El texto pasó por al menos quince versiones, situación que expuso las dificultades del Gobierno para ordenar el debate y convencer a los bloques dialoguistas.

El punto que concentró la mayor resistencia fue la modificación de la legislación sobre tierras rurales. El proyecto establece que las únicas prohibiciones para adquirir campos quedarían limitadas a los Estados extranjeros y a empresas con participación estatal extranjera, salvo autorización de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo nacional. También contempla un esquema similar para las zonas de frontera.

La propuesta impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, además incorpora cambios en el régimen de expropiaciones, reduce plazos vinculados con desalojos, modifica aspectos de la normativa sobre manejo del fuego y elimina restricciones que regían para distintas operaciones sobre inmuebles rurales. Durante la negociación también quedó descartado el capítulo referido a los barrios populares.

El debate político escaló fuera del recinto. El gobernador bonaerense Axel Kicillof rechazó la iniciativa y advirtió que «El proyecto de ley de Propiedad Privada que impulsa Milei en el Congreso no tiene otro objetivo que poner a la venta el territorio argentino». En el mismo mensaje reclamó: «Esperemos que quienes tienen que votar hoy no se dejen extorsionar. Sigan el ejemplo que dio ayer la Selección, piensen en la celeste y blanca y defiendan nuestra soberanía».

En la misma línea, la Unión Cívica Radical cuestionó el proyecto y sostuvo que la reforma «compromete la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país». El partido también defendió la existencia de límites para la compra de tierras por parte de ciudadanos y empresas extranjeras.

Desde la Casa Rosada respondieron a las críticas del diputado Eduardo «Wado» de Pedro. La Oficina de Respuesta de la Presidencia afirmó que el exministro «estuvo adentro de cada decisión importante de ese gobierno. Y hoy se para en el Senado, como un caradura, a darles cátedra a los argentinos sobre cómo se defiende el territorio nacional». El comunicado también sostuvo que «Wado está defendiendo el negocio político de una década entera, cuando la palabra soberanía servía para tapar los acuerdos turbios con potencias extranjeras, la entrega de posiciones estratégicas y el reparto de tierras entre sus amigos».

Mientras la reforma quedó en suspenso, el Senado sí aprobó 29 pliegos judiciales y 27 ascensos diplomáticos. Entre ellos figuró la continuidad por cinco años del camarista laboral Víctor Pesino, cuya designación recibió cuestionamientos de la CGT por sus fallos vinculados con la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Ahora el oficialismo tendrá poco menos de tres semanas para reunir los votos que todavía le faltan. El plan consiste en volver a llevar al recinto la ley de Propiedad Privada junto con la denominada ley Hojarasca durante la sesión prevista para el 6 de agosto.