El Gobierno de Javier Milei busca modificar el régimen de tierras rurales para permitir que extranjeros puedan comprar extensiones sin los límites que establece la legislación vigente. La iniciativa, incluida dentro del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, eliminaría las restricciones que hoy regulan la extranjerización del territorio argentino.

La Ley de Tierras Rurales 26.737 establece que los extranjeros pueden controlar hasta el 15% de la superficie rural del país, de cada provincia y de cada municipio. Además, fija un límite del 30% para propietarios de una misma nacionalidad y restricciones específicas para zonas consideradas estratégicas.

Según datos del Observatorio de Tierras, actualmente existen más de 13 millones de hectáreas rurales en manos extranjeras, una superficie equivalente al territorio de Inglaterra. Ese número representa cerca del 5% del total de tierras rurales argentinas.

La eventual eliminación de los límites permitiría que ese proceso avance sobre áreas consideradas sensibles por su ubicación o por los recursos naturales que contienen. El foco de la discusión no está solo en la cantidad de hectáreas, sino en quién controla territorios con acceso al agua, minerales, corredores productivos y zonas de frontera.

“Las más de 13 millones de hectáreas extranjerizadas relevadas se concentran mayoritariamente en zonas estratégicas del país, como áreas de frontera, la vera del río Paraná, nodos logísticos clave, regiones con potencial minero, territorios con cursos de agua en zonas frías, acuíferos de importancia estratégica y extensas áreas de bosques nativos”, señaló el Observatorio de Tierras.

El organismo advirtió que 36 municipios ya superan el límite del 15% de extranjerización establecido por la ley actual y cuatro distritos tienen más de la mitad de su territorio rural bajo propiedad extranjera.

Una reforma que elimina los límites actuales

La propuesta elaborada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y negociada en el Congreso por la senadora Patricia Bullrich plantea una modificación profunda del régimen vigente.

Entre los cambios centrales aparecen:

• La eliminación del límite del 15% para la compra de tierras rurales por extranjeros a nivel nacional, provincial y municipal.
• La eliminación del tope de 1.000 hectáreas para adquisiciones individuales en zonas de alto valor productivo.
• La eliminación de restricciones para comprar tierras ubicadas en zonas de frontera o cercanas a cursos de agua permanentes.
• La modificación del concepto de titularidad extranjera para ampliar la posibilidad de compra por parte de personas físicas y sociedades con capital internacional.
• La desaparición del Consejo Interministerial de Tierras Rurales, organismo encargado de coordinar políticas entre Nación y provincias.

Desde el Observatorio de Tierras cuestionaron el alcance del proyecto. Julieta Caggiano, integrante del organismo, afirmó: “Más allá del nombre, esta es una ley de extranjerización, propone eliminar todo tipo de límites para que capitales radicados en el exterior se puedan hacer de nuestros territorios más valiosos”.

Tierras estratégicas bajo control extranjero

El relevamiento del Observatorio cruzó información del Registro Nacional de Tierras Rurales con datos de Parques Nacionales, el Inventario Nacional de Glaciares, registros de comunidades indígenas y proyectos mineros.

El análisis identificó que los mayores niveles de extranjerización aparecen en zonas cordilleranas y regiones con recursos naturales estratégicos.

Entre los casos más destacados figuran:

• Lácar, en Neuquén, con más del 50% de su superficie rural en manos extranjeras.
• General Lamadrid, en La Rioja, con un 57% de tierras extranjerizadas y proyectos mineros vinculados a áreas con presencia glaciar.
• Molinos y San Carlos, en Salta, con porcentajes superiores al 50% de propiedad extranjera.

En San Carlos, por ejemplo, la presencia extranjera coincide con zonas de glaciares de escombros, proyectos mineros y territorios de comunidades indígenas.

También aparecen distritos vinculados al río Paraná, como Iguazú en Misiones, Ituzaingó y Berón de Astrada en Corrientes, y Campana en Buenos Aires. Allí, el acceso a corredores fluviales y recursos naturales convierte a la tierra en un activo estratégico.

El antecedente de los años noventa y el avance de capitales internacionales

El Observatorio de Tierras ubicó un primer salto en la extranjerización durante la década del noventa. En ese período, el gobierno de Carlos Menem autorizó la venta de millones de hectáreas en zonas de seguridad de frontera.

La Ley de Tierras sancionada en 2011 estableció límites para frenar ese proceso, aunque no modificó la situación de los territorios que ya estaban bajo control extranjero.

El organismo explicó que la norma funcionó como un freno, pero no permitió recuperar tierras previamente adquiridas por capitales internacionales.

Entre los principales propietarios extranjeros aparecen ciudadanos y empresas estadounidenses, con más de 2,7 millones de hectáreas. Luego se ubican capitales italianos, con alrededor de 2 millones de hectáreas, y españoles, con cerca de 1,7 millones.

También tienen relevancia las firmas radicadas en países considerados paraísos fiscales o con regulaciones especiales. Según el Observatorio, unas 2,2 millones de hectáreas están vinculadas a empresas con domicilios en esas jurisdicciones.

Tierra, agua y minería: la disputa detrás de la reforma

El debate por la modificación de la Ley de Tierras ocurre en paralelo a otras políticas del Gobierno orientadas a atraer inversiones extranjeras, como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Ese esquema otorga beneficios fiscales, impositivos y aduaneros por 30 años para proyectos de gran escala. Hasta ahora, una parte importante de las iniciativas aprobadas está vinculada a la minería.

Desde el Observatorio señalaron que la combinación entre apertura de tierras, beneficios para capitales externos y flexibilización de controles puede modificar el control sobre recursos estratégicos.

“En un contexto de expansión extractiva, creciente presencia de capitales extranjeros y marcos normativos que habilitan la libre disponibilidad de divisas, el riesgo es claro: que esos recursos se exploten de manera intensiva, con graves consecuencias sociales y de reproducción de las comunidades que los circundan, que la renta se fugue y que la economía se reoriente hacia formas de reprimarización, mientras se debilita la capacidad de decidir sobre el uso y el destino de estos territorios”, advirtió el organismo.

Para el Observatorio, la discusión central pasa por el control de los bienes naturales del país. “Dado que la extranjerización de la tierra en Argentina ha sido realizada mayoritariamente por capitales privados, esta redefinición equivale, en los hechos, a legalizar la extranjerización masiva del territorio”, concluyeron.