El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, expresó este jueves su apoyo a la posibilidad de que inversores extranjeros puedan adquirir tierras en el país. “No tendría problema en venderle hectáreas a un extranjero”, afirmó, y agregó que esas personas “no se van a llevar un pedazo de tierra para algún lado”. Sus declaraciones coincidieron con la reunión en Casa Rosada para definir la letra final del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, iniciativa que busca modificar la actual Ley de Tierras Rurales sancionada en 2011.

El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, elimina los límites de titularidad extranjera que hoy no pueden superar el 15% de las tierras rurales del país, provincias o municipios. La nueva versión exige autorización conjunta de Nación y provincias solo cuando la compradora sea una empresa con participación de Estados extranjeros.

Ese capítulo sobre la “extranjerización” de tierras es el principal obstáculo para reunir votos en el Senado. El debate ya fue postergado cuatro veces y quedó reprogramado para el 6 de agosto. La discusión interna escaló incluso en un cruce entre la vicepresidenta Victoria Villarruel, opuesta a la reforma, y la senadora Patricia Bullrich, cuyo entorno denunció amenazas contra un colaborador.

Para bajar tensiones, este jueves se reunieron en Casa Rosada Bullrich, la secretaria de Legal y Técnica María Ibarzabal Murphy, los equipos de Sturzenegger y legisladores como Agustín Coto y Nadia Márquez, junto a representantes de bloques federales que transmiten los reclamos de los gobernadores sobre el rol de las provincias en la regulación de tierras.

En ese contexto, Pino reiteró su respaldo: “La Argentina también fue hecha por extranjeros, así que no hay que tener miedo”. Aunque matizó que podrían existir regulaciones puntuales, como en casos de campos destinados a reservas naturales en la Patagonia, donde la expansión de fauna silvestre afecta a la ganadería ovina.

Desde el Gobierno remarcan que la apertura no alcanza a los Estados extranjeros, sino únicamente a inversores privados, y que el objetivo es atraer inversiones y dar previsibilidad jurídica a la propiedad privada. Sin embargo, la resistencia excede al kirchnerismo y la izquierda: sectores de la oposición dialoguista y varios gobernadores plantean objeciones sobre el alcance de los cambios y el rol de las provincias.

Con la nueva fecha de tratamiento fijada, en la mesa política del oficialismo aseguran que esta vez lograrán la sanción: “Los votos van a estar”, confió uno de sus integrantes.