El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó a la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes rastrear e intentar recuperar los fondos provenientes del fraude al Banco Nación cometido por los directivos de la empresa Vicentin en connivencia con funcionarios del macrismo.

El funcionario judicial remarca en su dictamen que el Procurador General de la Nación ha instruido a los fiscales a través de diversas resoluciones para que en las causas donde se investigan hechos de corrupción se soliciten en forma temprana las medidas necesarias para asegurar el recupero de los activos provenientes de hechos de corrupción.

Con ese fin se creó dentro de la Procuraduría la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, cuya función central es justamente la de detectar y decomisar bienes y fondos provenientes de delitos, especialmente los vinculados con la criminalidad compleja y el crimen organizado.

En línea con esas recomendaciones es que el fiscal pide avanzar en la investigación patrimonial de las personas físicas y jurídicas sobre las que se requirió adopción de medidas cautelares, así como también rastrear los fondos derivados del presunto otorgamiento irregular de los préstamos, así como también del dinero que Vicentin y Algodonera Avellaneda poseían en las cuentas de garantía en el Banco Nación.

Concretamente, entre el 31 de octubre de 2019 y mediados de febrero los activos de Vicentin sufrieron pérdidas por más de 88.000 millones de pesos, unos 1450 millones de dólares (al valor de la divisa comercial en diciembre). La cifra equivale al total de la deuda con terceros por la que se decretó la convocatoria.

La estimación fue realizada por el investigador Juan Chiummiento, del portal de negocios Puntobiz, quien comparó datos de KPMG, auditora de Vicentin, e información volcada por la cerealera en otras causas judiciales, al 31 de octubre de 2019, con los saldos registrados en las mismas cuentas declaradas a mediados de febrero de este año, momento en que se pidió la apertura del concurso de acreedores.

Por ejemplo, el principal ítem del activo de la cerealera es Bienes de Cambio, que entre materias primas (granos comprados a los productores), productos elaborados (aceites, harinas y otros derivados del procesamiento) y otros rubros menores (insumos, productos de reventa) totalizaba una cifra superior a los 84.000 millones de pesos a octubre de 2019. Cien días después, en el informe de activos y pasivos que Vicentin presentó al momento de solicitar el concurso de acreedores, la cuenta Bienes de Cambio presentaba un saldo de 610 millones de pesos. Es decir, menos del uno por ciento que el saldo que tenía a fines de octubre.

El foco judicial está puesto en 26 personas sobre las que el fiscal ya solicitó la inhibición general de bienes. Entre ellas figuran el ex presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, el exvicepresidente del Banco Nación, Lucas Llach, y los directores Agustín Pesce, Miguel Ángel Arce, Carlos Alberto Castellani, Guillermo Goldberg, Jorge Lawson, Javier Okseniuk, Marcelo Javier Pose y Ercilia Antonia Nofal. También le apuntó al gerente general Juan José Fragati, la subgerente general de Riesgo Crediticio, Susana Ojeda, el subgerente general de Banca Corporativa, Martín Enrique González, la subgerente Departamental de Soporte Crediticio, Maricel Moschini, los gerentes de la zonal Reconquista José Luis Testa y Luis María Restelli, y los gerentes de la sucursal Reconquista Darío Giaccosa y Néstor Ariel Bled. La lista también incluyó a los directivos de la compañía Roberto Vicentin, Osvaldo Boschi, Martín Colombo, Herman Vicentin, Alberto Macua, Máximo Padoan, Daniel Buyatti y Sergio Nardelli.

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) había pedido la inhibición general de bienes también para el ex presidente Mauricio Macri, el presidente del Banco Central Guido Sandleris y los empresarios Alberto Padoán y Gustavo Nardelli, pero en su dictamen de la semana pasada Pollicita sostuvo que por ahora no hay datos en la investigación que los impliquen.