La sanción de la Boleta Única de Papel (BUP) ha generado divisiones en el ámbito político. Mientras el Gobierno y algunas fuerzas aliadas celebran la reforma como un avance hacia una mayor transparencia electoral, sectores del peronismo y parte de la oposición expresan su desacuerdo, argumentando que perjudica a los partidos tradicionales. El modelo aprobado elimina la opción de votar a todos los candidatos de una fuerza con un solo casillero, lo que ha generado críticas de la UCR y Encuentro Federal.
La aprobación de la nueva boleta única de papel (BUP) en la Cámara de Diputados generó por un lado celebraciones en el ámbito del Gobierno y sus aliados, mientras que, por otro, dejó un sabor amargo en el peronismo y diversas fuerzas opositoras, quienes no quedaron plenamente satisfechos con la medida. No obstante, gran parte de los especialistas y dirigentes entrevistados coincidieron en resaltar que la reforma representa un paso adelante hacia una mayor transparencia institucional, ya que reduce las posibilidades de maniobras fraudulentas.
A pesar de las críticas, la reforma ha sido catalogada como histórica, ya que en las elecciones legislativas del próximo año se implementará un cambio en el sistema de votación, sustituyendo la boleta partidaria por primera vez desde el regreso de la democracia en 1983. Este nuevo modelo, con ciertas variaciones, ya se utiliza en provincias como Mendoza, Córdoba y Santa Fe. Por su parte, los críticos de la Boleta Única de Papel (BUP) argumentan que podría fragmentar el sistema político nacional, favoreciendo a fuerzas emergentes y pequeñas en detrimento de las estructuras tradicionales.
La reforma introduce la sustitución de la tradicional boleta partidaria por una Boleta Única de Papel, que presenta en una sola hoja toda la oferta electoral de un distrito. De esta manera, el elector puede seleccionar a sus representantes en diversas categorías —diputados, senadores, intendentes, gobernadores, presidente— marcando con una tilde junto al nombre del candidato elegido. Entre los puntos a favor de la iniciativa se destaca la eliminación de la “lista sábana”, la reducción del gasto público en la impresión de boletas y el cierre de los negocios relacionados con los denominados “sellos de goma” que se presentan en elecciones solo para recibir financiamiento. Además, se eliminan mecanismos de fraude como el “voto cadena” y el robo de boletas.
Se estima que el Gobierno y algunos de sus aliados, quienes impulsaron la modificación de la boleta de votación incluso antes de la llegada de Javier Milei al poder, podrían salir beneficiados en las próximas elecciones legislativas. Esto se debe a que La Libertad Avanza, el partido de Milei, aún está en proceso de consolidar su estructura y no cuenta con una representación significativa a nivel nacional. Además, gobernadores de partidos provinciales, como los de Río Negro o Misiones, que suelen verse afectados por el “efecto arrastre” de las grandes alianzas nacionales, también resultaron favorecidos por la reforma aprobada en el Congreso.
Por otro lado, entre los principales perjudicados, la propia votación en la Cámara de Diputados dejó claro que el peronismo, agrupado en Unión por la Patria, no estaba de acuerdo con la nueva normativa e intentó, sin éxito, bloquear su aprobación.
El peronismo ha recurrido históricamente a la boleta partidaria como una herramienta clave para movilizar a su militancia y asegurar el voto, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Por esta razón, se opuso tanto a la implementación del voto electrónico durante el gobierno de Mauricio Macri como ahora a la introducción de la boleta única de papel. Los argumentos que sostienen esta postura señalan que el actual sistema electoral funciona adecuadamente y que el nuevo mecanismo podría fragmentar aún más las fuerzas políticas en el Congreso.
En este contexto de resistencia a la BUP, el gobierno de Axel Kicillof está considerando la posibilidad de desdoblar las elecciones nacionales y bonaerenses. Un funcionario cercano al gobernador explicó que esta decisión se basa en la creencia de que «no es necesario cambiar un sistema que no presenta indicios de fraude«.
Desde 2007, la Cámara Nacional Electoral ha manifestado reiteradamente, a través de diversas acordadas, su respaldo al reemplazo de la boleta partidaria, especialmente en lo relacionado con el financiamiento estatal para la impresión de boletas, un aspecto crítico durante las primarias abiertas y obligatorias (PASO). Aunque fueron invitados a participar en el debate en el Congreso, los jueces de este tribunal decidieron no intervenir, ya que podrían tener que emitir un fallo en caso de que la nueva normativa sea judicializada. Además, serán responsables de organizar los próximos comicios utilizando la Boleta Única de Papel.
Para estos magistrados, el nuevo sistema electoral promete hacer los procesos más transparentes, eficientes y económicos, lo que mejoraría la organización de las elecciones en general.
Parte de la oposición no quedó satisfecha con la reforma debido a que el modelo de Boleta Única de Papel (BUP) aprobado no incluye el “botón de lista completa”, una opción que, al marcarse, permite votar automáticamente a todos los candidatos de una misma fuerza política. Sectores de la UCR y de Encuentro Federal, grupo liderado por Miguel Pichetto, han expresado su intención de insistir en la incorporación de esta opción en el futuro. Consideran que la reforma reduce la influencia de los partidos tradicionales, no solo la del peronismo, y beneficia a las fuerzas emergentes.
Por el momento, el formato aprobado será similar al de Mendoza, donde los partidos están organizados en la parte superior de la boleta, de izquierda a derecha, y los candidatos aparecen en columnas por categorías a la derecha de la hoja. El orden de los partidos, un aspecto clave en este modelo, será determinado por sorteo judicial.
