El impacto de la caída de la recaudación ya empieza a sentirse con fuerza en las cuentas provinciales. Durante los dos primeros meses del año, las provincias dejaron de percibir casi un billón de pesos por la disminución de los recursos coparticipables. A pesar de ese escenario, el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, continúan consiguiendo respaldo de varios gobernadores para aprobar proyectos clave en el Congreso, incluso cuando algunas de esas medidas terminan afectando las finanzas de los distritos. Los fondos que la Nación luego canaliza hacia mandatarios dialoguistas están lejos de compensar esas pérdidas. “El mes que viene va a ser peor todavía”, advirtió el diputado Guillermo Michel, quien elaboró el informe que analiza la evolución de los recursos.

Según ese relevamiento, la recaudación cayó en términos reales un 7,6% en enero y un 9,7% en febrero. Ese retroceso significó una reducción de 964.619 millones de pesos en los recursos coparticipables que se distribuyen entre las provincias. Como suele ocurrir por su peso en el reparto, la más afectada fue Buenos Aires, que registró una merma de 204.499 millones de pesos en apenas dos meses.

A diferencia de varios de sus colegas, el gobernador bonaerense Axel Kicillof centró buena parte de su discurso de apertura de sesiones en denunciar los efectos de la política económica nacional sobre las cuentas provinciales. Detrás de Buenos Aires aparecen Santa Fe, con una caída de 82.957 millones de pesos, y Córdoba, con una pérdida de 81.028 millones.

En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro atravesó en los últimos días una serie de conflictos con trabajadores estatales y docentes, además de una crisis dentro de la policía provincial. Pese a ese contexto, evita responsabilizar directamente a Javier Milei por las dificultades y el domingo se ubicó en el palco oficial del Congreso junto a otros mandatarios para escuchar el discurso presidencial.

Muy cerca suyo estuvo el gobernador cordobés Martín Llaryora, cuya provincia completa el podio de distritos más perjudicados por la caída de la coparticipación. El peronismo cordobés jugó un papel decisivo en la aprobación de la reforma laboral en el Congreso: tres diputados se ausentaron estratégicamente y facilitaron que el proyecto avanzara sin modificaciones.

En los pasillos políticos circuló la versión de que ese gesto habría contribuido a destrabar el envío de fondos nacionales para cubrir la deuda que la Nación mantiene con la caja previsional de Córdoba. Durante una visita reciente a la provincia, Luis Caputo confirmó que la ANSES duplicará los giros mensuales, que pasarán de 5.000 a 10.000 millones de pesos a partir de mayo.

Sin embargo, desde la propia administración provincial relativizan el impacto de esa ayuda. El titular de la caja previsional cordobesa, Adrián Danele, explicó que esa cifra representa apenas el 25% del déficit mensual de 40.000 millones de pesos que enfrenta la provincia en materia jubilatoria. Además, queda muy lejos de compensar los más de 81.000 millones de pesos que Córdoba dejó de recibir por coparticipación en el primer bimestre del año.

El diputado Guillermo Michel reconoce que no logra comprender la actitud de algunos gobernadores que continúan respaldando las políticas impulsadas por Javier Milei. Según su evaluación, los recursos que la Casa Rosada puede transferir mediante ATN o a través de pagos escalonados de deudas previsionales son considerablemente menores que lo que las provincias pierden por la caída de la coparticipación.

El panorama, además, no ofrece señales de mejora inmediata. “El mes que viene va a ser peor. En abril va a mejorar la recaudación, pero será por la cosecha gruesa y eso no se coparticipa”, alertó Guillermo Michel. La disminución impacta principalmente en los tributos que alimentan los fondos provinciales y también golpea impuestos propios, como Ingresos Brutos, afectados por el menor nivel de actividad económica. A eso se suma otro problema: las provincias dejaron de recibir financiamiento nacional para obra pública, un gasto que ahora deben afrontar con recursos propios.

Entre los gobernadores peronistas que mantienen una relación de cooperación con la Casa Rosada también se registran fuertes caídas. En Tucumán, el mandatario Osvaldo Jaldo acumuló una pérdida de 44.372 millones de pesos durante el primer bimestre, mientras que en Catamarca, el gobernador Raúl Jalil dejó de percibir 25.050 millones.

En Catamarca, ese deterioro fiscal se tradujo esta semana en una protesta docente considerada histórica por su nivel de convocatoria, a la que se sumaron trabajadores de la salud pública en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales. En Tucumán, por su parte, los docentes también llevaron adelante un paro y continúan en conflicto con el gobierno provincial.

La tensión social también comenzó a crecer en otros distritos. En Jujuy, las fuerzas de seguridad iniciaron reclamos por recomposición salarial, sumando presión a las administraciones provinciales en un contexto de recursos cada vez más escasos.

Así, el escenario muestra una paradoja cada vez más evidente: gobernadores que enfrentan una caída sostenida de ingresos y conflictos internos en aumento, pero que al mismo tiempo siguen respaldando al Gobierno nacional en votaciones clave dentro del Congreso. La incógnita que se abre es cuánto tiempo más podrá sostenerse ese equilibrio si, como advierten varios especialistas, el deterioro fiscal y social apenas está comenzando.