El gobierno de Milei estudia privatizar el Belgrano Cargas, ofreciendo a la Unión Ferroviaria una participación accionaria a cambio de su respaldo. A pesar del crecimiento del 72% en las cargas bajo gestión estatal, la medida genera dudas en el sindicalismo y podría comprometer la eficiencia y estabilidad laboral del sector. Expertos advierten que esta privatización podría representar un retroceso significativo para el transporte ferroviario en el país
El gobierno liderado por Javier Milei está considerando ofrecer a la Unión Ferroviaria una participación accionaria en el Belgrano Cargas como parte de una negociación para obtener el respaldo del gremio, encabezado por Sergio Sasia, hacia la reciente propuesta de privatización.
Esta iniciativa apunta a replicar el modelo de la década de los 90, otorgándole al gremio un 10% de las acciones de este servicio ferroviario, que es uno de los más rentables y estratégicamente valiosos del país, mediante un esquema de Participación Público-Privada (PPP). Además, el acuerdo permitiría al gremio designar a un representante en la dirección de la empresa.
Tras el anuncio del gobierno, Sergio Sasia no tardó en expresar su apoyo a la privatización: «El sistema ferroviario argentino tiene que reconfigurarse. Lo que hay que tener es un proyecto a largo plazo para desarrollar el sistema de transporte ferroviario en el país«, afirmó el jueves.
La postura de Sasia a favor de la privatización coincide con las negociaciones que los sectores fuertes de la CGT están llevando a cabo con el gobierno de Milei. Como muestra inicial de apoyo a la administración libertaria, el líder de la Unión Ferroviaria optaría por no participar en el paro de transporte previsto para el próximo 30 de octubre, convocado por Pablo Moyano.
Sasia ha señalado incluso a su candidato para ocupar un puesto en el directorio de la futura empresa privatizada: Daniel Vispo. Este profesional se unió a la línea Belgrano en 1988, donde comenzó su trayectoria en el sector ferroviario. A lo largo de su carrera, se desempeñó como jefe de tráfico y gerente de operaciones, hasta llegar a presidir Trenes Argentinos de Carga (TAC).
Por otro lado, Milei tiene planes para transferir el control del Belgrano Cargas a China, lo que refleja su reciente reconocimiento de la relevancia geopolítica del país asiático, a pesar de que hasta hace poco lo criticaba en sus discursos.
En realidad, la privatización del Belgrano Cargas no parece estar justificada, ya que la empresa ha logrado un crecimiento del 70% en el volumen de cargas transportadas bajo gestión estatal, casi sin incrementar su plantilla de empleados.
En la última década, la empresa ha experimentado un aumento del 72% en las cargas. Entre 2020 y septiembre de 2023, se trasladaron 28,6 millones de toneladas de mercancías, en comparación con las 15,5 millones de toneladas que se registraron al finalizar el mandato de Macri (ver gráfico).
Los informes financieros de la empresa desafían los argumentos presentados por el gobierno. Mientras que las cargas han aumentado, el número de empleados se ha mantenido prácticamente estable. La plantilla era de 4,624 empleados en diciembre de 2015 y apenas alcanzó los 4,641 en diciembre de 2023, lo que representa una variación de solo 17 trabajadores en ocho años.
El notable incremento en la carga transportada con la misma cantidad de empleados se traduce en un aumento significativo de la productividad. «Es una empresa que fue mucho más eficiente cuando el Estado la recuperó», comentó una fuente del sector.
Sin embargo, la posible incorporación de la Unión Ferroviaria como accionista del Belgrano Cargas ha generado inquietudes dentro del sindicalismo. «Es uno de los que, en medio de la ofensiva contra los trabajadores, intenta que la CGT se quede dormida», expresó una sindicalista opositora, quien añadió que «esa siesta tiene un costo elevado».
La privatización del Belgrano Cargas, lejos de representar una solución, se perfila como un paso peligroso que podría socavar los avances logrados bajo la gestión estatal. Al entregar un activo estratégico a intereses privados, el gobierno no solo pone en riesgo la estabilidad laboral de miles de trabajadores, sino que también amenaza con desmantelar un sistema de transporte que ha demostrado ser eficiente y productivo. La experiencia de otros sectores privatizados en el país revela un patrón de deterioro en la calidad del servicio y un aumento en los costos para los usuarios. En lugar de buscar soluciones a largo plazo que beneficien a la población, esta medida parece estar motivada por intereses políticos y económicos que solo servirán para enriquecer a unos pocos a expensas del bienestar colectivo. La privatización del Belgrano Cargas es, en última instancia, un retroceso que podría condenar al país a una mayor dependencia de actores externos y a la pérdida de un patrimonio ferroviario vital para el desarrollo nacional.
