A más de dos años del recordado cruce televisivo previo al balotaje, el presidente Javier Milei parece seguir condicionado por aquel episodio que lo enfrentó a Sergio Massa. En ese contexto, el proyecto de reforma electoral que envió al Congreso incluye un cambio poco advertido: la eliminación de la obligatoriedad del debate presidencial.

«Por sí o por no, Javier, ¿vas a eliminar los subsidios al transporte? Por sí o por no, ¿vas a dolarizar? Por sí o por no, ¿Tatcher es tu ídola? Por sí o por no, ¿vas a arancelar las universidades?», lo había interpelado Massa durante el debate realizado el 12 de noviembre de 2023 en la Facultad de Derecho de la UBA. Aquella escena, según interpretaron luego algunos analistas, dejó en evidencia la incomodidad del entonces candidato libertario, lo que incluso habría generado empatía en parte del electorado que finalmente lo llevó a imponerse en el balotaje.

Desde su llegada a la Casa Rosada, Milei evitó exponerse a entrevistas con periodistas críticos y mantuvo una estrategia comunicacional controlada, sin instancias de intercambio directo que lo coloquen en situaciones incómodas, ni siquiera en períodos electorales.

La reforma impulsada por el oficialismo, cuyo eje principal es la eliminación de las PASO, también introduce modificaciones profundas en el financiamiento de la política. Entre ellas, se destacan la eliminación de los topes de gasto de campaña, el incremento del límite para aportes privados —que pasaría del 2% al 35%— y la supresión de los espacios publicitarios gratuitos otorgados por el Estado a los partidos.

De avanzar, el nuevo esquema favorecería a las fuerzas con mayor respaldo económico, generando un sistema más desigual. En ese marco, desde sectores opositores bautizaron la iniciativa como una ley “Fred Machado”. A su vez, jueces de la Cámara Nacional Electoral dejaron trascender inquietudes en conversaciones con apoderados partidarios por el rol de la Fundación Faro, vinculada al espacio libertario, que habría invertido 820 millones de dólares en publicidad digital entre 2025 y 2026 sin transparentar el origen de los fondos.

Un aspecto que llamó la atención es que el Gobierno no explicitó públicamente la intención de eliminar el debate presidencial obligatorio al momento de enviar el proyecto. Esta instancia había sido incorporada en 2016 al Código Electoral Nacional, con el objetivo de promover un voto informado. Sin embargo, el artículo 30 de la iniciativa oficial reemplaza ese apartado sin contemplar la realización de debates.

En paralelo, la discusión legislativa avanza con dificultades en el Senado, donde el proyecto comenzó a tratarse hace dos semanas en medio de fuertes tensiones dentro del oficialismo. Aun así, no se descarta que el Gobierno logre reunir los apoyos necesarios, especialmente tras la fractura del bloque de Unión por la Patria en la votación que habilitó la continuidad de Carlos Mahiques —juez de Lago Escondido y padre del ministro Juan Bautista Mahiques— por cinco años más en la Cámara Nacional de Casación Penal.

Ese episodio dejó secuelas en la principal bancada opositora, que ahora exhibe un núcleo más reducido. De los senadores peronistas que acompañaron a Mahiques, solo Jesús Rejal expuso sus argumentos en la reunión previa, destacando su actuación en el fallo que absolvió a Carlos Menem en la causa por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador.

Durante la única reunión de comisión en la que se abordó la reforma electoral, el oficialismo evitó dar explicaciones sobre la eliminación del debate. La normativa vigente establece que deben participar los candidatos que superen las PASO, instancia que el propio proyecto busca suprimir. Además, prevé sanciones para quienes no asistan, como la quita de espacios publicitarios gratuitos, otro mecanismo que también se pretende eliminar.

«Capaz que alguno no se anime a debatir, será por eso. El debate se hace en todo el mundo. Tanto miramos a Estados Unidos, si hay algo que se hace en las elecciones de Estados Unidos son los debates», cuestionó el senador de Unión por la Patria Daniel Bensusán ante María Luz Landívar, asesora del Ministerio del Interior que defendió la iniciativa. No obtuvo respuesta.