El Gobierno nacional oficializó este miércoles la designación de Ana María Cristina Juan como jueza federal del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, una decisión que generó repercusiones políticas y judiciales debido a que la magistrada es la esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez que recientemente apartó a las querellas de la causa que investiga la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA y en la que está involucrado el presidente Javier Milei.

La designación fue publicada en el Decreto 589/2026 del Boletín Oficial, donde se establece el nombramiento de Cristina Juan al frente del juzgado federal con competencia sobre los partidos bonaerenses de Merlo e Ituzaingó. Sin embargo, el tribunal aún no fue habilitado formalmente por la Corte Suprema de Justicia, situación que despertó cuestionamientos debido a antecedentes recientes de vacantes sin cubrir bajo el argumento de que los juzgados todavía no estaban en funcionamiento.

Uno de esos casos fue el de la jueza María Verónica Michelli, cuyo nombramiento había quedado en suspenso precisamente por la falta de habilitación del tribunal correspondiente. Por ese motivo, distintos sectores judiciales y políticos señalaron la diferencia de criterio aplicada en esta oportunidad.

Ana María Cristina Juan cuenta con una extensa trayectoria dentro del Poder Judicial. Egresada de la Universidad de Buenos Aires hace más de tres décadas y doctora en Derecho por la Universidad de Palermo, desarrolló gran parte de su carrera en la Cámara Federal de Comodoro Py, donde ocupó distintos cargos hasta desempeñarse como secretaria letrada durante los últimos años.

La designación se produce pocos días después de una decisión clave tomada por su esposo, el juez Marcelo Martínez de Giorgi, en el expediente conocido como caso $LIBRA. El magistrado resolvió apartar a las querellas que representaban a los damnificados por la presunta estafa vinculada a la criptomoneda promocionada por el entorno presidencial.

La resolución dejó fuera del expediente a los denunciantes patrocinados por los abogados Juan Grabois y Nicolás Oszust, quienes venían impulsando medidas de prueba y solicitando avances en la investigación. A partir de esa decisión, el único acusador que quedó en la causa es el fiscal Eduardo Taiano, quien tiene delegada la investigación desde el inicio del expediente.

La medida fue interpretada por los querellantes como un retroceso para el avance de la causa y como un beneficio directo para los investigados, entre ellos el presidente Javier Milei y otros involucrados en el lanzamiento y promoción del proyecto cripto