Dirigentes, organizaciones políticas y vecinos de San Martín marcharon para recordar y pedir justicia por los asesinatos de Franco y Mauricio. Estuvieron presentes, entre otros, Nancy Cappelloni, el diputado Grosso, Sergio González y Diego Perrella.
Por la tarde de este 3 de Febrero una gran cantidad de militantes y ciudadanos de San Martín se acercaron al barrio La Carcova a marchar a 12 años de la represión policial en la llamada masacre de Carcova.
Cerca de las 17:00 horas se concentraron las organizaciones y los vecinos en la Plaza de los Trabajadores, desde allí se dirigieron a la limitación del barrio con las vías del tren, lugar donde Franco y Mauricio fueron asesinados por la policía bonaerense.
Luego de eso, caminaron hasta la calle Avenida Central, donde se leyó un documento en conformidad con la familia de las victimas y las organizaciones políticas.

¿QUE PASÓ EN LA MASACRE DE CARCOVA?
El 3 de febrero de 2011, a causa de una represión policial en el barrio La Carcova de José León Suárez, los jóvenes de 16 y 17 años Franco Almirón y Mauricio Ramos fueron asesinados.
Ese día, un tren de carga descarriló en el barrio. Cuando los dos jóvenes intentaron recoger mercadería junto a sus vecinos, efectivos de la Policía Bonaerense los reprimieron con balas y gases lacrimógenos.
Además de asesinar a Franco y Mauricio, la policía dejó fuertemente herido a Joaquin Romero, quien logró sobrevivir.
En primera instancia, el subteniente Gustavo Vega fue condenado en 2014 a 7 años de prisión al ser identificado como el agresor de Joaquín Romero. El oficial Sebastián Rey, principal sospechoso de los homicidios, fue absuelto.
Las sentencias fueron apeladas por los abogados de las familias y, un año después, se elevó la condena a Vega de tentativa de homicidio simple a calificado y la pena pasó a ser de 15 años y 6 meses. También anuló la absolución de Rey y ordenó realizar un nuevo juicio para determinar su responsabilidad.

UNA MULTITUD MARCHÓ EN CARCOVA.
Participaron de la marcha Nancy Cappelloni (Secretaria Municipal), Leonardo Grosso (Diputado Nacional), Sergio González (Presidente del HCD local), Diego Perrella (ex Jefe de Gabinete del Min. de Desarrollo) y los concejales Lauro Grande, Manuel Di Benedictis, Romina Ditale, Omar Lencinas, Carolina Pedelacq y Andrea Mercuri.
La gran mayoría del oficialismo de San Martín se hizo presente. Gabriel Katopodis se encontraba en una actividad con el Presidente en Concepción del Uruguay. Tampoco asistió el Intendente Fernando Moreira, quién sí estará el lunes en un nuevo lanzamiento del programa «Volvé a la Escuela»
En la interminable columna que marchó a Carcova se encontraban las organizaciones Movimiento Evita, el Partido Justicialista, Frente Darío Santillán, la UTEP, Juventud Combativa, Peronismo en Marcha, Tres Banderas, entre otros.
La columna estuvo siempre encabezada por los familiares de los dos chicos asesinados en el hecho y por Joaquín Romero, victima que sobrevivió a la represión.
Al llegar al lugar de los hechos, se bendijo el monumento a las victimas y se cantaron canciones alusivas.
Luego se realizo un acto frente a la parroquia Don Bosco. Allí habló Berta, familiar de la Masacre de José León Suarez. Para finalizar, la concejala Carolina Pedelacq leyó un documento junto a Johana, parte de la Iglesia Don Bosco.

LEONARDO GROSSO HABLÓ CON LANOTICIAWEB.
El Diputado Nacional compartió la reflexión hecha en el documento y expresó la vergüenza que sienten por no tener justicia a 12 años del hecho.
«La Justicia no hace su trabajo, en el primer juicio se absolvió a quien apuntan todos los testigos y las pericias como el asesino» declaró Grosso.
A su vez, dijo que «hace 12 años éramos un puñado de organizaciones que militábamos en el barrio y la iglesia, hoy estuvo todo el mundo».
«Si bien pasaron tantos años y tantas cosas cambiaron, seguimos lamentando casos de gatillo fácil y abuso policial, como expresa el documento que leímos» aseguró el Diputado.
El documento leído expresó la disconformidad con la Corte Suprema de Justicia. Grosso, como parte de la comisión de Juicio Político que está evaluando las pruebas para juzgar a los miembros de la corte, habló al respecto.
«Estamos avanzando a paso firme» indicó el dirigente del Movimiento Evita.
Además, agregó: «La semana que viene vamos a decidir sobre la admisibilidad de las denuncias que venimos escuchando»
«Hay contundencia en las pruebas del mal desempeño de la Corte» concluyó.

EL DOCUMENTO LEÍDO EN EL ACTO FINAL:
«HOY ESTAMOS AQUÍ PARA HACER MEMORIA Y EXIGIR, COMO DESDE HACE 12 AÑOS, JUSTICIA POR LOS HECHOS DE LA MASACRE DE CARCOVA.
EL 3 de febrero de 2011 tras el descarrilamiento de un tren de carga por el mal mantenimiento de las vías, un grupo de vecinos del barrio Carcova, que en gran parte vivían de la recuperación de residuos de la quema del CEAMSE, se acercaron al lugar. La policía bonaerense, en lugar de proteger a las personas, desató un accionar represivo mediante gases lacrimógenos, balas de goma y de plomo, sosteniendo la cacería incluso cuando ya había muertos y menores detenidos en la Comisaría 4ta. de José León Suárez. En el juicio oral de la causa, realizado en 2014, se evidenció cómo el Comisario Hualde y el Sub-Comisario Silva, que conducían la Comisaría 4ta., retornaron en búsqueda de municiones y más personal policial, siendo entonces cuando arrojaron gas lacrimógeno hacia donde se encontraban los jóvenes que al intentar salir de esa situación quedaron expuestos a las balas policiales. Mauricio y Franco fueron asesinados; Joaquín gravemente herido. Por el intento de homicidio contra Joaquín Romero resultó condenado el Policía Bonaerense Gustavo Vega a 15 años y seis meses de prisión. Respecto a las muertes de Mauricio Ramos y Franco Almirón, la Cámara de Casación Penal ordenó que se realice un segundo juicio contra el policía Gustavo Rey, que en principio ha sido absuelto por el beneficio de la duda, en el primer juicio que se desarrolló en febrero de 2014. Desde que la Cámara tomó esta decisión han pasado 9 años de demoras injustificadas por parte del Poder Judicial.
La causa judicial que buscaba investigar las responsabilidades penales de los funcionarios policiales de mayor jerarquía, fue archivada en 2018 a pesar de los reclamos de los familiares de las víctimas.
El nuevo juicio en el que debía determinarse la responsabilidad de Gustavo Rey tenía fecha de inicio para el 24 de octubre de 2022.
Pero, a pedido de la defensa, poco antes de esa fecha, el debate fue postergado hasta que se resuelvan los recursos contra la denegación de un planteo que esta realizó sobre la integración del tribunal por jurados.
Luego de tantos años, este 2023 debería dictaminarse una fecha de juicio. A 12 años, seguimos esperando la fecha del juicio que esperamos imparta un poco de justicia.
Desde las Organizaciones sociales junto a diversas fuerzas políticas, el estado municipal y diferentes organismos gubernamentales venimos trabajando conjuntamente a lo largo de estos 12 años para lograr justicia y visibilizar el hecho, ubicando en un lugar central los reclamos de justicia, la asistencia a las víctimas y la lucha incansable para lograr el ejercicio pleno de los derechos humanos.
De este reclamo nació el Observatorio de la Violencia Institucional, desde donde se monitorea el accionar institucional y se proponen nuevas políticas públicas para erradicar estas prácticas. Una de ellas, es la implementación de fiscalías especializadas en Violencia Institucional, para evitar irregularidades en la investigación, como sucedió en este caso y en tantos otros que involucran a fuerzas de seguridad, vale aclarar que el poder judicial local (la fiscalía general) se niega a implementarlo.
Además, frente a este hecho de tamaña trascendencia para nuestra comunidad, el municipio establece a partir del año 2012 el Día municipal por la Eliminación de la Violencia Institucional, asumiendo un compromiso en materia de políticas públicas para la erradicación de dichas prácticas.
Más allá de todos estos esfuerzos los casos de gatillo fácil y violencia institucional en nuestro distrito no cesaron, las fuerzas de seguridad Nacionales, provinciales y municipales siguen teniendo prácticas que violan los derechos humanos y atentan contra nuestra comunidad, en todos estos años tuvimos que volver a lamentarnos víctimas fatales y de todo tipo, sin ir más lejos a fin de año todos vimos cómo la policía bonaerense entraba con sus patrulleros al barrio Independencia disparando indiscriminadamente y luego detenía jóvenes sin ningún motivo.
En el mismo sentido nuestros reclamos a los agentes encargados de impartir justicia, siguen sin ser escuchados. Y es que la Justicia cada vez está más lejos del Poder Judicial.
Sólo basta ver a quienes lo conducen. Una Corte con 4 miembros que se votan, premian y aplauden entre sí haciéndose llamar supremos, que no responden a la voluntad popular y que evidencian una mirada clasista y que más de una vez muestran desinterés por los valores propios de los derechos humanos, en especial si de pobres y ciudadanes comunes se trata. Así las víctimas, sus familiares y el pueblo en general acceden a poco y nada de Justicia.
También se evidencia en la avanzada contra la vicepresidenta Cristina Fernandez de Kirchner que ha llevado a su condena y proscripción como metodología de persecución política a líderes políticos en toda latinoamérica. Asimismo es este poder el que intenta deslegitimar los vínculos de poder entre quienes perpetraron el intento de magnicidio hacia su persona y representantes políticos de la oposición.
Hoy más que nunca es necesaria una profunda reforma del sistema judicial, una Corte Suprema que deje de estar al servicio de quienes sustentan el poder real de nuestro país. No cabe duda que, gracias a la lucha de organizaciones sociales y políticas, hemos tenido logros en la reivindicación de derechos, en leyes y normativas que los reconocen. Pero aún queda mucho camino por recorrer a la hora de las prácticas.
Pero esa batalla política, jurídica y cultural continua, ha tenido avances y retrocesos. Sin ir más lejos, hace muy poco tiempo teníamos un gobierno que se encargó de justificar el asesinato por la espalda bajo la llamada “Doctrina Chocobar”. Un gobierno neoliberal que nunca se cansó de hostigar y reprimir a los sectores populares: a docentes, a jubilados y jubiladas, a trabajadores y trabajadoras que reclamaban por sus derechos frente a la crisis social que generó el violento ajuste.
Hoy seguimos esperando que se produzcan los cambios necesarios en la policía provincial para que nunca más suceda algo así. No olvidamos a Victor Gonzalez, a Rodrigo Correa, a Sebastián Bordón, a Santiago Maldonado, a Rafael Nahuel, a los ataques y muerte a les hermanes de los pueblos mapuches y qom, a Luciano Arruga, a Kosteki y Santillán, a Julio Lpez, a Mariano Witis, a Diego Cagliero, a Luciano Oliveira, a Lucas González, Lucas Verón, a Lucianito Alt, a los chicos y chicas de la Masacre de San Miguel del Monte, a Carlos Fuentealba, a Sandra y Ruben, Facundo Astudillo Castro y Lucas González, asi como a tantos más que hoy no están producto de las balas asesinas del gatillo fácil, los abusos policiales u otras formas de violencia estatal.
No nos olvidamos tampoco de las personas que están privadas de su libertad y viven en condiciones inhumanas, que todos los días son víctimas de un sistema carcelario y judicial que ejerce violencia sobre ellas. Pibes y pibas que exigen un derecho humano básico, como el acceso a la alimentación, a la educación de calidad, al trabajo y la salud, y son callados por el diario del lunes y la cacerola de la clase media.
Por todos ellos seguimos construyendo Memoria, buscando la Verdad y exigiendo Justicia por nuestros muertos de la democracia, de la represión estatal que siempre continuó subterráneamente en las cárceles, en las barriadas, contra los, las y les jóvenes, contra las mujeres y las disidencias.
Seguimos reclamando la pronta libertad de Milagro Sala, de sus compañeres de la Tupac Amaru, de todos los presos políticos y las presas políticas.
Este año nuestro país cumple 40 años de democracia continua, lograda después de los años de plomo que dejó 30 mil detenides desaparecides, y de la Guerra de Malvinas, que costó tantas vidas de pibes «que nunca olvidaremos», pero no es democracia completa, si tenemos una Corte Suprema de Justicia, que no hace justicia. Si el poder real lo tienen los poderosos capitalistas y no el pueblo. Si hay presas y presos políticos. Si no se respeta y se persiguen a los pueblos originarios. Si nos roban territorios. Si hay personas durmiendo en la calle, y no puedan satisfacer las necesidades básicas. Si proscriben a líderes populares para que no podamos votarles. Si hay quienes siguen propagando el odio y la discriminación, de todo tipo, para q por ejemplo, jóvenes, maten a golpes y patadas a otro, al q califican de «negro de mierda». Si no terminan los femicidios y los transfemicidios. Si no se prioriza la educación.Y no habrá democracia completa, si seguimos perdiendo pibes, por violencia institucional.
Como cada año, vamos a seguir reclamando justicia, acompañando a sus familiares, defendiendo la Verdad y construyendo Memoria. Militando y trabajando cada día para construir condiciones y oportunidades para que los pibes y pibas de nuestros barrios desarrollen sus proyectos de vida.
ESTOS QUERIDOS PIBES SIEMPRE ESTARÁN EN EL RECUERDO DE ESTE BARRIO Y EN EL CORAZÓN DE TODES NOSOTRES. A 12 AÑOS DE LA MASACRE DE CARCOVA SEGUIMOS SIN JUSTICIA. ,NI UN PIBE MENOS, NI UNA PIBA MENOS. JUSTICIA POR JOAQUIN ROMERO!! ¡FRANCO ALMIRON PRESENTE!!! ¡MAURICIO RAMOS PRESENTE!!!»

