"Antes de ser una Corte Suprema sin autoridad, renunciamos todos… que se busquen siete Gils Carbó”, dijo -en voz alta y sin disimular el enojo -uno de los integrantes del máximo tribunal de la justicia argentina. Acababa de finalizar una suerte de acordada informal en el cuarto piso de los tribunales de Talcahuano 550.

La decisión era unánime: “Si avanzan contra nosotros, renunciamos en bloque”, afirmaban con diferentes matices. “Esta reforma termina con la justicia como poder independiente dentro del Estado”, aseguraba una de las juezas de la Corte. “Esto consagra la impunidad más absoluta en la historia argentina, si hoy ningún juez federal se le anima a ningún funcionario del Poder Ejecutivo, imaginemos lo que va a pasar de ahora en más”, replicaba uno de los ministros con mayor antigüedad.

En un primer momento se pensó en dictar una acordada anulando las decisiones que limitaban las facultades del máximo tribunal y difundirla de inmediato. Ricardo Lorenzetti, el presidente, había recibido decenas de llamados de solidaridad desde el exterior y hacia allí se disponía a viajar. “Contémosle al mundo que hay un gobierno en la Argentina que busca la suma del poder público”, le sugirieron al hombre de Rafaela.

La reunión seguía subiendo de tono. “Y si no tenemos éxito, nos queda la salida más digna: renunciamos en bloque y que la Casa Rosada se lo explique al mundo entero”, propuso el presidente de la Corte mientras el resto de los integrantes avalaba la iniciativa.

Finalmente una de las juezas presentes sugirió: “¿Y si hablás con Cristina y le explicás que el daño que se le está haciendo a la democracia puede ser irreparable?”. Inmediatamente comenzó una ronda de llamados entre Lorenzetti y Carlos Zannini, el superpoderoso funcionario del Ejecutivo y mentor del proyecto de avance sobre la Justcia.

Luego de varias marchas y contramarchas se produjo el llamado más esperado: Lorenzetti dialogó con Cristina Kirchner. Los dos intentaron que la sangre no llegara al río. El Poder Ejecutivo, como muestra de buena voluntad, envió un nuevo proyecto de ley algo menos invasivo. El máximo tribunal no hizo público aún su desagrado frente al proyecto kirchnerista de colonizar la Justicia y archivó, por ahora, la posible renuncia en bloque.