Luego de la polémica que se generó en las últimas semanas por el freno que el Ministerio de Capital Humano le puso a la creación de las universidades, ahora el Gobierno nacional busca incorporar al nuevo proyecto de ley ómnibus un artículo para introducir un «filtro» para la creación de nuevas casas de estudio que fueron creadas por ley el año pasado en el Congreso.

La iniciativa parte por el concepto del Ejecutivo de que muchas se han utilizado como cajas políticas con fines políticos y sin criterio de necesidad por territorio, población o distancia a otras instituciones.

Una de las últimas aprobaciones del Congreso, previo a la elección presidencial, fue la creación de cinco universidades. Estas fueron las del Delta, Pilar, Ezeiza, Río Tercero y la de las Madres de Plaza de Mayo. Las primeras tres fueron proyectos de autoría de oficialistas, con especial impulso de Sergio Massa (Tigre) y los intendentes Juan Andreotti (San Fernando) y Ariel Sujarchuk (Escobar) en el primer caso. La de Río Tercero fue impulsada por el radicalismo, cuyos legisladores, con Emiliano Yacobitti a la cabeza, fueron autores de otra ley para la creación de la Universidad Nacional de Saladillo.

Todas las universidades deben ser creadas por ley. Por eso, la disolución de las mismas también tiene que pasar por el Congreso y ambas decisiones requieren un informe previo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), un órgano que reúne a todas las casas de estudio y sus rectores. Este es el punto que el Gobierno quiere retocar o poner de «filtro».

El Ministerio de Capital Humano se intentó frenar con una resolución la creación por ley de las cinco universidades. Se suspendieron los nombramientos de cinco rectores normalizadores designados con anterioridad y se intentaron recuperar las transferencias por $500 millones que se habían hecho justo antes de que termine la gestión de Alberto Fernández. Sin embargo, esos presupuestos se están ejecutando.

La intención es hacer al Consejo responsable en caso de que se detecten malversaciones, mal uso del presupuesto o falsedades en la cantidad de estudiantes matriculados. Es decir que, si el Poder Ejecutivo o en su caso, la Justicia, detectaran irregularidades, el CIN sería responsable. La propuesta tiene el visto bueno de Javier Milei, y fue elevada a Sandra Pettovello, titular de la cartera de Capital Humano.

La iniciativa cobró fuerza la semana pasada, cuando el DNU fue rechazado en el Senado y el principal apuntado fue Martín Lousteau, de la UCR. Una parte del radicalismo está fuertemente vinculada a las universidades, donde el reformismo controla múltiples facultades de la UBA, como la de Ciencias Económicas o Medicina, a través de aliados, y universidades como la de Almirante Brown y la de San Antonio de Areco.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó directamente contra Lousteau y lo acusó de haber votado en contra porque le «sacaron las cajas» de esas casas de estudio. La distribución de los fondos discrecionales que iban a las universidades, prácticamente equivalentes a la suma de los presupuestos de cada una individualmente, tiene 0 % de ejecución este año.

Los dictámenes de minoría durante el proceso de debate previo al recinto objetaron el incumplimiento de ciertos requisitos en los proyectos, como un informe de factibilidad. Estos reclamos se repitieron en todas las discusiones en Diputados. «Para poder dar cumplimiento a la manda constitucional, los legisladores deben contar con todos los elementos que corresponden y que por ley se establecen para tener información precisa, actualizada y concluyente que nos permita tomar la decisión acertada», mencionó el dictamen de minoría del proyecto de creación de la Universidad del Delta, con la firma de diputados de la Coalición Cívica.

Una de las casas de estudio, la Universidad de Pilar, interpuso un amparo contra las resoluciones que definieron la revisión del proceso a fin de que se declaren inconstitucionales. La intención del Gobierno no es cerrar universidades por decreto. Eso está plasmado en el borrador de la nueva ley ómnibus que circularon desde la Casa Rosada a funcionarios y legisladores. En el tercer artículo, se faculta al Poder Ejecutivo a modificar o eliminar competencias o disolver órganos u organismos de la administración central o descentralizada, pero se excluyeron específicamente las universidades nacionales.