El gobierno de Javier Milei decidió suspender la apertura y poner bajo revisión las cinco universidades que creó el Congreso Nacional por ley durante la gestión anterior. Entre las afectadas está la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que fundó la fallecida Hebe de Bonafini, las de Pilar, Río Tercero, en Córdoba, la de Ezeiza y la Del Delta.

En los fundamentos de la resolución se indicó que la medida se tomó para “evitar la duplicación y superposición de estructuras jerárquicas y garantizar que la oferta educativa cumpla con la calidad y pertinencia debida”. Por eso, consideraron que “resulta necesaria la adopción de medidas tendientes a revisar el inicio de actividades académicas de las Casas de Altos Estudios antes mencionadas”.

En los considerandos de la medida se aclaró que el freno de la apertura se mantendrá hasta tanto se pueda “determinar si el procedimiento administrativo exigido por la Ley de Educación Superior para crear nuevas universidades fue debidamente cumplido, si las condiciones allí establecidas fueron realmente satisfechas y se encuentren debidamente documentadas y si la pertinencia, oportunidad y la previsión del crédito presupuestario correspondiente, en base a un estudio de factibilidad, avaló la iniciativa”.

La decisión la tomó el presidente Javier Milei y la ejecutó el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, con la intervención del subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Alvarez (h.). En cuatro artículos, dos de ellos de forma, se ordena “establecer el proceso de revisión de la creación e inicio de actividades académicas de las nuevas instituciones universitarias nacionales” creadas por ley, “con el fin de determinar el efectivo cumplimiento del procedimiento para su creación y funcionamiento objetivo”

También, la resolución dispuso “dejar sin efecto” las resoluciones que ponían en marcha la apertura de esas casas de estudio, que fueron firmadas por el ex Ministerio de Educación, que pasó a ser secretaría en esta administración. La medida tomada por el gobierno no ordena el cierre de esas universidad, sino que opta por demorar la apertura y dejarlas en un limbo jurídico.

Las universidades fueron aprobadas tras una debate extenso en la Cámara de Diputados y en el Senado y contó con los votos mayoritarios del kirchnerismo, de los partidos provinciales aliados y del radicalismo. El final de ese trámite se dio el 29 de septiembre, en la misma sesión en la que se aprobaron la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y cambios en la ley de alquileres.

En ese clima de acuerdos, previo a las elecciones generales del año pasado, las bancadas mayoritarias acordaron avanzar con la creación de las universidades, un reclamo que venía de muchos años por parte de los vecinos de esos distritos y que era impulsado por dirigentes políticos locales.

Pero a la hora de votar, cada caso tuvo votos dispares. Por ejemplo, la Universidad del Delta, obtuvo 58 votos afirmativos y 2 negativos; la Universidad de Pilar, recibió 59 votos positivos y 1 negativo; la Universidad Nacional de Ezeiza, con 41 votos a favor y 19 negativo; la Universidad Nacional de Río Tercero, que tuvo el acompañamiento de 59 senadores, contra 1 que votó en contra. Y por último, se creó la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, que tuvo solo 40 votos afirmativos y 20 negativos, por parte de la oposición.

Pese a las diferencias en la cantidad de votos que tuvo cada universidad, para su debate y aprobación se articuló un acuerdo político con los partidos tradicionales, que se mostraron a favor de acercar la oferta de altos estudios a los vecinos. Tres fueron autorizados en partidos del conurbano bonaerense, como Pilar, Tigre y Ezeiza, uno en Córdoba y otro en la ciudad de Buenos Aires. Dirigentes del radicalismo y del peronismo criticaron la decisión y anticiparon que van a ir a la Justicia para garantizar el inicio de sus actividades.