Los diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) de la provincia de Buenos Aires, calificaron como «un acto antirrepublicano del Poder Judicial» la condena que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió en el juicio de la causa Vialidad, y evaluaron que se sentenció a una dirigente que dedicó su trayectoria política a «luchar contra el poder».

En una conferencia de prensa brindada en la Legislatura Bonaerense, los bloques oficialistas de ambas cámaras afirmaron que el fallo emitido por el Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 es parte de «un activismo judicial» que exhibe un alineamiento más o menos explícito de algunos jueces «con sectores políticos que ponen en jaque al sistema republicano de gobierno».

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, sostuvo que el veredicto del juicio de la causa Vialidad representa «un ataque a la líder popular más importante y la dirigente más importante que tiene el país».

«A Cristina la persiguen porque generó ascenso social en la Argentina. Vamos a defender a los dirigentes populares. Creemos que el fallo ha sido injusto. Es hora de aunarnos, el pueblo junto a sus dirigentes para decirles basta al poder económico», apuntó.

Por su parte, la senadora provincial Teresa García, aseguró que «es una condena absurda, inconsistente» dirigida a una figura política que «es la única que se dedicó a confrontar con el poder».

Durante el encuentro con la prensa, García recordó la difusión de chats en los cuales magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación y un exagente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) coordinaban cómo dar una versión falsa sobre un viaje que habían realizado a Lago Escondido, donde el magnate inglés Joe Lewis posee una estancia.

«Es la evidencia de la existencia de un sistema paraestatal que atenta contra las instituciones y de un sistema paralelo mafioso».

«Esto tiene una cabeza y se llama Héctor Magnetto», señaló la senadora en referencia al titular del grupo Clarín.

Y en ese sentido apuntó que la condena a Cristina Fernández de Kirchner «no es una cuestión jurídica, sino que se trata de «algo político, donde existe un interés económico».

«Cuando un gobierno popular decide confrontar con el poder aparecen estas cosas. A veces salían los tanques. Ahora van mejorando las formas, pero en el fondo siguen siendo perversos en el fondo», resaltó García.