La denuncia presentada por la senadora fueguina Cristina López por lesiones, amenazas y agresiones sexuales contra personal de Seguridad abrió una nueva crisis política. La legisladora apuntó a la vicepresidenta Victoria Villarruel y cuestionó el avance del oficialismo sobre el funcionamiento interno de la Cámara alta.
La Cámara alta quedó otra vez envuelta en una disputa que mostró el nivel de conflicto que atraviesa al oficialismo nacional. La senadora del Frente de Todos por Tierra del Fuego, Cristina López, presentó una denuncia penal por lesiones, amenazas y agresiones sexuales contra personal de Seguridad del Senado. El episodio ocurrió cuando le bloquearon la entrada a su despacho. La legisladora llegó al edificio acompañada por su esposo, el concejal de Ushuaia Juan Carlos Pino, y por un cerrajero.
López utilizó ese despacho durante dos semanas. El lugar perteneció al salteño Sergio Leavy, también peronista. Sin embargo, la senadora afirmó que la vicepresidenta Victoria Villarruel “aprovechó” su jura para reemplazar la cerradura, retirar la placa identificatoria y dejar una faja en la puerta. Según la denuncia, dentro del despacho quedaron objetos personales, incluida su computadora.
¡ESCÁNDALO EN EL SENADO!
» La Senadora López denunció penalmente a la seguridad de Villarruel por AGREDIRLA Y ATACARLA SEXUALMENTE» pic.twitter.com/QHfmHWF2zM
— Revolución Popular (@RPN_Oficial) December 2, 2025
Uno de los jefes de Seguridad le comunicó a la senadora Juliana Di Tullio que la propia Villarruel entró al despacho el mismo viernes. López consideró ese ingreso como un hecho grave. “Que la vicepresidente Villarruel ingrese de manera ilegal al despacho de otro senador nacional es un ataque de extrema gravedad institucional y una violación a la autonomía del Poder Legislativo”, sostuvo la fueguina. También advirtió: “Los dueños del Senado de la Nación son los senadores, no la vicepresidenta. Ninguna autoridad puede impedir que un legislador acceda a su lugar de trabajo”.
La senadora explicó que tomó el despacho después de un acuerdo con Leavy. Señaló que el espacio funcionó durante décadas como oficina para representantes fueguinos y que el interbloque de Unión por la Patria ya notificó esa decisión a la Presidencia del Senado. A pesar de eso, la conducción política de la Cámara no respondió.
Ante la falta de definiciones, López decidió regresar con un cerrajero para retirar sus pertenencias. El intento terminó mal. El personal de Seguridad bloqueó el ingreso y se desató un forcejeo que provocó la denuncia penal.
López apuntó contra el oficialismo nacional por la situación. “Si se permite que una autoridad del Senado pueda castigar a un senador por su postura, mañana se podrá hacer lo mismo con cualquier representante. Es un mensaje muy peligroso para la democracia”, advirtió. Para la oposición peronista, el episodio mostró cómo el actual esquema de poder intenta disciplinar voces críticas dentro del Congreso y forzar decisiones administrativas sin reglas claras ni respeto institucional.
El conflicto dejó expuesta una disputa mayor: la creciente intervención del Ejecutivo y de la conducción del Senado sobre atribuciones propias de los legisladores. Para la oposición, el caso de López confirmó un patrón de tensión que se repite desde la llegada del nuevo oficialismo y que erosiona el equilibrio político dentro de la Cámara alta.
