Después de que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), presidido por el juez Jorge Gorini, recibió el jueves por la tarde el informe socio ambiental encomendado a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, sobre el departamento de San José 1111 donde Cristina Kirchner pidió cumplir la condena por corrupción. En principio, según el informe, no habría ninguna dificultad para que allí se cumpla un arresto domiciliario.

La inspección sobre el inmueble en el que reside la ex vicepresidenta, incluye una descripción de las inmediaciones y del barrio en general, la actividad vehicular y peatonal de la zona.

También se había pedido las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se “estime de relevancia a los fines de poder valorar el cumplimiento de arresto bajo la modalidad domiciliaria en dicho lugar”.

El informe que tiene el juez Gorini en su despacho consigna que el departamento del barrio de Constitución, es apto para que se cumpla allí la prisión domiciliaria correspondiente a la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La medida adoptada por el magistrado se firmó después de pedir la opinión del fiscal general, Diego Luciani, respecto al pedido de morigeración de la pena presentado por el abogado Carlos Beraldi.

El departamento del barrio de Monserrat -propiedad de la inmobiliaria Los Sauces SA, la empresa de la familia Kirchner investigada por lavado de dinero-, fue el domicilio sugerido por Cristina para cumplir la pena de seis años de prisión correspondiente a la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La defensa señaló que alojar a Cristina Kirchner en una institución carcelaria no es «compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida», en su carácter de ex Jefa de Estado.

En esa misma línea, la defensa consignó que al tratarse de una ex Presidenta de la Nación, cuenta con una custodia permanente a cargo de la Policía Federal Argentina, «que sigue durante las veinticuatro horas del día cualquier tipo de desplazamiento que la nombrada pueda hacer fuera de su domicilio. Ello ratifica la absoluta inexistencia de cualquier peligro».

Por ese motivo, consideró el abogado, que «el uso de tobillera electrónica por parte de nuestra representada deviene completamente innecesario».

Será el fiscal Luciani quien pondere ahora, todos estos argumentos y dictamine si convalida concederle un arresto domiciliario a Cristina y en tal caso, si la morigeración debería contar con algunos requisitos.