Un fallo de la Justicia laboral puso un freno a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. La resolución suspendió de forma provisoria más de 80 artículos de la Ley 27.802, tras un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

La decisión partió del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, a cargo del juez Raúl Ojeda. El magistrado aceptó el planteo sindical y advirtió sobre una posible “afectación de derechos constitucionales” y el riesgo de un “perjuicio inminente” para los trabajadores.

El fallo respondió a una presentación firmada por el triunvirato de la CGT, integrado por Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo. En el expediente, la central obrera cuestionó distintos puntos de la reforma y planteó la inconstitucionalidad de varios artículos.

En ese marco, el documento judicial sostuvo: “La Confederación General del Trabajo posee legitimación activa para impugnar los artículos señalados en los vistos, tanto en lo que se refiere a derechos de la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga, como en aquellos aspectos individuales comunes y homogéneas a todo el grupo de trabajadoras y trabajadores cuya prestación se encuentra regulada por las normas de la República Argentina”.

La resolución tuvo carácter transitorio. El propio fallo aclaró que la suspensión se mantuvo vigente mientras la Justicia resolvió la cuestión de fondo. En ese sentido, el texto indicó: “Se peticiona la declaración de inconstitucionalidad de un grupo de disposiciones de la reciente ley 27.802 cuya determinación no corresponde al prieto marco de una medida cautelar. En esta etapa corresponde emitir una prudente consideración general que permita adoptar una decisión provisoria, para aguardar con paz social hasta la sentencia definitiva, luego de un debate más intenso”.

El impacto de la medida alcanzó a aspectos centrales de la reforma laboral. También dejó vigentes los convenios colectivos de trabajo, uno de los puntos que generó mayor rechazo sindical.

La reacción del Gobierno no tardó en llegar. El Ministerio de Capital Humano confirmó que apelará la decisión judicial con el respaldo de la Procuración del Tesoro. El Ejecutivo buscó revertir el fallo y ratificó su decisión de sostener la reforma laboral en todas las instancias judiciales.

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello señalaron que la ley contó con respaldo mayoritario en el Congreso. Además, defendieron su contenido como una herramienta clave para impulsar el empleo formal y mejorar la competitividad.

En ese contexto, el Gobierno expresó su “firme compromiso” con la norma y adelantó que avanzará con “todas las instancias judiciales necesarias” para garantizar su aplicación. Al mismo tiempo, cuestionó la presentación sindical y sostuvo que respondió a “intereses corporativos y sectoriales”.

El conflicto abrió un nuevo frente entre la Casa Rosada y el sindicalismo. La disputa quedó ahora en manos de la Cámara laboral, donde el Gobierno intentará revertir un fallo que golpeó el corazón de su reforma.