La CGT definió una estrategia nacional para bloquear los puntos centrales de la reforma laboral que impulsó el Gobierno. El plan combinó visitas a gobernadores, presión territorial y negociación política, con la meta de vaciar de contenido la iniciativa antes de su tratamiento en el Congreso. La movida sindical avanzó en paralelo al recorrido del ministro del Interior, Diego Santilli, que recorrió provincias para reunir apoyos y sostener el texto original.

El itinerario sindical quedó abierto y se ajustó a la agenda de los mandatarios provinciales. La conducción cegetista proyectó el inicio de la gira en el norte del país, con Tucumán como una de las primeras escalas. Osvaldo Jaldo apareció entre los nombres prioritarios, pese a su buena relación con Javier Milei. También figuraron el santiagueño Gerardo Zamora y el pampeano Sergio Ziliotto.

Desde la central explicaron que el recorrido evitó vuelos y se organizó por tramos terrestres. “La idea es que sea un recorrido rutero, sin aviones, con postas en distintas provincias. Puede llevar varios días”, señaló una fuente sindical. El cronograma apuntó a la segunda quincena de enero. Para febrero, la disputa pasó al Congreso con acciones específicas. La cúpula cegetista evaluó protestas, aunque descartó una huelga general. “La gente lo rechaza”, afirmaron.

La conducción de la ofensiva quedó en manos de Cristian Jerónimo y Jorge Sola, dos de los tres integrantes del triunvirato. Jerónimo representó al sindicato del vidrio y Sola al gremio del seguro. Jorge Argüello, de Camioneros, sostuvo una postura más dura y quedó fuera de la gira. En la CGT afirmaron que mantuvo coincidencias con el objetivo, aunque presionó por una confrontación directa.

Sola y Jerónimo apostaron a una táctica mixta. El diálogo político convivió con la presión institucional para frenar una reforma que, según la central, afectó salarios y representación sindical. No descartaron un canal directo con la Casa Rosada a través de la mesa política integrada por Martín y Eduardo “Lule” Menem y Santiago Caputo.

Mientras ajustaron la agenda, la CGT activó a sus referentes locales. Buscó condicionar a los gobernadores que evaluaron acompañar al oficialismo. En Misiones, el peso recayó sobre Camioneros. En Neuquén, sobre UPCN. En Corrientes, sobre los estatales de ATE dentro de la CTA unificada.

El conflicto se concentró en puntos específicos del proyecto. La CGT cuestionó la ampliación de actividades esenciales, que impuso servicios mínimos durante las huelgas. También rechazó la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos y la primacía de acuerdos por empresa. Sumó reparos a la renegociación de la cuota solidaria de los trabajadores no afiliados.

El mayor foco de resistencia se ubicó en el Fondo de Asignación Laboral. El esquema reemplazó el régimen de indemnizaciones por un fondo financiado con un aporte del 3% de los empleadores, bajo control de la Comisión Nacional de Valores. Desde la central advirtieron riesgos para el sistema previsional y de salud. “Desfinancia el sistema previsional y de salud y le entrega al Estado un manejo discrecional de esa caja”, alertaron.

En sentido opuesto, Santilli profundizó su agenda territorial. Se reunió con el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, y obtuvo respaldo al proyecto. “Aportar a una nueva ley laboral es importante, porque las recetas del pasado nos llevan a los mismos resultados de siempre”, sostuvo el mandatario. El ministro también pautó encuentros con Alfredo Cornejo y con el propio Ziliotto, uno de los gobernadores que la CGT buscó persuadir en su avanzada federal.