La situación de Manuel Adorni entró en una zona de máxima tensión. La investigación judicial por la compra de sus propiedades avanzó y sumó elementos que complicaron su escenario político, lo que encendió alarmas en la Casa Rosada, donde ya evaluaron alternativas ante un eventual desplazamiento.

El Gobierno intentó bajar el perfil del conflicto. La conferencia de prensa prevista para este miércoles quedó en duda desde temprano. “No está confirmada”, señalaron fuentes oficiales. Horas más tarde, el encuentro con periodistas quedó suspendido. La decisión reflejó el momento delicado del jefe de Gabinete, golpeado por la acumulación de denuncias y nuevas medidas judiciales.

En Balcarce 50 admitieron el impacto. Un funcionario con acceso al despacho presidencial sostuvo que Adorni está “golpeado”. A pesar de los gestos públicos de respaldo, la discusión sobre su continuidad ya circuló dentro del oficialismo, incluso en sectores cercanos a Karina Milei.

El expediente judicial registró movimientos clave. Las dos mujeres que figuraron como prestamistas en la compra del departamento en Caballito declararon que no conocían al funcionario. Ese dato impulsó nuevas acciones. La Justicia citó a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en la operación inmobiliaria y también en otra propiedad vinculada al entorno del funcionario en un country bonaerense.

En paralelo, surgieron nuevos elementos que reforzaron las sospechas. La periodista Irina Hauser aportó datos en su ampliación de denuncia y afirmó: “Marcela Pagano dice que ella tiene confirmado que hay una custodia policial las 24 horas de la Policía Federal. Tiene que haber alguna razón para que esa custodia esté ahí. Y lo que ella también dice en la ampliación de denuncia que presentó es que los vecinos atribuyen la casa a Manuel Adorni”. Ese señalamiento incorporó un dato sensible sobre una vivienda bajo vigilancia permanente y profundizó las dudas sobre el patrimonio del funcionario.

El conflicto sumó otro frente político. Los diputados Esteban Paulon y Pablo Juliano ampliaron la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito. La presentación incorporó detalles sobre la adquisición del inmueble y reforzó la presión sobre el jefe de Gabinete. En paralelo, el fiscal Gerardo Pollicita pidió información sobre viajes al exterior del funcionario, su esposa y un allegado. La investigación buscó determinar el uso de un avión privado en distintos traslados.

Dentro del Gobierno prevaleció la cautela. Desde distintos sectores insistieron con un mensaje uniforme. “Está firme”, repitieron. Sin embargo, puertas adentro creció la preocupación por el costo político del caso y su impacto sobre la gestión. Algunos funcionarios comenzaron a plantear dudas sobre la capacidad de Adorni para sostenerse en el cargo si la causa avanzaba.

La suspensión de la conferencia reflejó ese temor. En la cúpula del poder consideraron que una exposición pública podía agravar la crisis. Evaluaron que el funcionario no contaba con respuestas claras sobre el origen de sus bienes ni sobre sus viajes recientes.

Las críticas internas también apuntaron a su relación con la prensa. En el oficialismo cuestionaron la falta de diálogo con periodistas acreditados. Un integrante del Gabinete trazó una comparación para describir el deterioro político y afirmó que la situación “es parecido a lo que sucedió con Chiqui Tapia tras haberle dado el título a Rosario Central en las oficinas de la AFA y sin estar legitimado, y el posterior ‘espaldazo’ de Estudiantes de La Plata. Se le volvió todo en contra y le aparecieron distintas causa judiciales”.

A pesar del escenario adverso, el presidente mantuvo el respaldo público. Desde sus redes sociales calificó las denuncias como “operetas de prensa”. El propio Adorni intentó sostener una agenda activa. Recibió al titular de la Sociedad Rural y difundió mensajes sobre indicadores económicos.

Ese respaldo no despejó las dudas. En el Ejecutivo reconocieron que la situación se definió día a día y evitaron hacer proyecciones. Un asesor cercano al círculo presidencial evitó pronunciarse sobre el futuro del funcionario y respondió: “Eso no lo analizo yo”.

El caso quedó abierto. La Justicia avanzó y el frente político mostró fisuras. La continuidad de Adorni dejó de ser una certeza y pasó a depender del avance de una causa que no detuvo su ritmo.