La discusión por la reforma laboral impulsada por el presidente, Javier Milei, volvió a reagrupar a gobernadores opositores y al sindicalismo en un mismo grupo de resistencia. En ese marco, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recibió en La Plata a las conducciones nacionales de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores.

El encuentro es un gesto político que busca ir más allá del debate legislativo y busca sentar las bases de una defensiva conjunta frente a lo que las organizaciones definen como un cambio «regresivo» para el mundo del trabajo. Antes se había reunido con la CGT.

Del encuentro participaron los secretarios generales Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky, junto a la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Trabajo Walter Correa. También formaron parte dirigentes sindicales de peso como Roberto Baradel (SUTEBA), Daniel Catalano (ATE Capital) y Pablo Maciel (CICOP).

Según describieron las centrales, la reunión se dio en un escenario de “creciente conflictividad social, con salarios deteriorados, niveles récord de precarización y un salario mínimo” que se ubica “entre los más bajos de América Latina”.

Para las organizaciones sindicales y el gobernador, la iniciativa del Gobierno nacional no constituye una actualización técnica del régimen laboral, sino “una ofensiva política que busca debilitar la organización colectiva, alterar la negociación paritaria y transferir riesgos del Estado y de las empresas hacia los trabajadores”. Kicillof sumó además una advertencia clave: el impacto negativo que la reforma podría tener sobre el entramado productivo bonaerense, en particular sobre las pymes industriales que concentran gran parte del empleo privado.

La reunión con las CTA se inscribe en una serie de movimientos articulados que el mandatario provincial viene impulsando en las últimas semanas. Antes, había mantenido encuentros con gobernadores críticos del proyecto, como Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja). Luego avanzó con reuniones con empresarios pymes, a quienes convocó a involucrarse activamente en defensa del trabajo y la producción, y también protagonizó una foto política con la conducción renovada de la CGT, que comparte el rechazo al plan oficial.

Desde el sindicalismo coincidieron en que la respuesta debe combinar dos planos. Por un lado, una estrategia institucional en el Congreso, sumando a gobernadores y legisladores provinciales para frenar la iniciativa. Por otro, sostener la movilización social. El antecedente inmediato fue la marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, convocada por la CGT, las dos CTA y movimientos sociales, una demostración de fuerza que las centrales buscan prolongar en el tiempo.

Las críticas al contenido del proyecto se profundizan. Yasky alertó sobre la posibilidad de recrear un esquema similar al de las AFJP, mediante el uso de fondos vinculados a la seguridad social para financiar despidos, en un contexto marcado por el cierre de pymes y la caída del empleo industrial. Desde la CTA Autónoma, Oscar de Isasi remarcó que el desafío no se limita a frenar una ley, sino a construir una respuesta integral frente a un modelo que, según definió, combina ajuste, saqueo y transferencia de recursos.

El rechazo también se expresa en el interior de la provincia. En Mar del Plata, la CGT regional, ambas CTA y abogados laboralistas acordaron una postura común contra lo que calificaron como una “contrarreforma”, alineada con el DNU 70/2023 y la Ley de Bases. Allí advirtieron que la iniciativa no generará empleo, abarata los despidos, flexibiliza la jornada a través de mecanismos como el “banco de horas” y avanza sobre derechos constitucionales como la huelga y la negociación colectiva por actividad.