El debate que se planteó entre el Gobierno y la oposición respecto de la fórmula de ajuste del sistema previsional está lejos de centrarse en mejorar sustancialmente la situación de los beneficiarios. Más bien se refiere a cuántos puntos más o menos seguirán perdiendo con relación a 2017, uno de los años en el que se alcanzó el máximo nivel de gasto en jubilaciones.

Un punto a tomar en cuenta es que el Gobierno estaría sobrevaluando el efecto que tiene el ajuste de la jubilaciones en el superávit fiscal, sin tomar en cuenta juicios potenciales en el futuro, debido a que la movilidad nueva está establecida por decreto.

De acuerdo con el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), mientras que la fórmula que quiere el Gobierno impone un recorte del 37% respecto de lo que cobraba un jubilado en 2017 (actualizado a valores actuales), la de la oposición representa una baja del 33%.

“Estos datos muestran que el proyecto de ley aprobado en Diputados mantiene la fuerte licuación que se produjo en el gasto previsional desde el 2017, con la crisis inflacionaria que se desató en el 2018 y que persiste hasta la actualidad”, afirma el reporte.

La consultora que dirige el economista Jorge Colina indica que “desde este punto de vista, el proyecto no aparece como desestabilizante de las cuentas públicas ya que por el contrario, mantiene el gasto previsional muy por debajo de los niveles históricos”.

El Gobierno sancionó en marzo el Decreto 274/20424, que modificó la fórmula de movilidad previsional que establece que los haberes se ajustarán mensualmente con la tasa de inflación con dos meses de rezago.

Como la nueva fórmula se comenzó a aplicar en abril, las jubilaciones se actualizaron con la inflación de febrero lo que generó una inconsistencia debido a que en marzo, con la vieja fórmula, se aplicaron actualizaciones que tomaron variaciones hasta diciembre de 2023.

De ese modo, el DNU cubre parcialmente el “bache” de enero de 2024 ya que, para abril, además de la inflación de febrero, se sumó otro aumento, por única vez, del 12,5%, cuando la inflación en enero fue del 20,5%

“La intención del Gobierno al fijar arbitrariamente un incremento muy por debajo de la inflación de enero es contribuir al superávit fiscal. La contrapartida es que potencia las debilidades jurídicas del DNU”, advierte IDESA.

IDESA además señala que “la expansión del gasto que implica hacer un empalme más consistente con la vieja fórmula, es menor a las erogaciones que demanda el bono de $70.000 que se le viene pagando a los haberes más bajos”.

El informe de Colina advierte que existe una suerte de dibujo con las cuentas en el sector público. Es que en la contabilidad del Estado no se previsionan los juicios y, por lo tanto, empiezan a formar parte del gasto público cuando se pierden y se pagan.

“Al no registrar previsiones por juicios de movilidad, se sobrevalora el superávit fiscal que se logra con el DNU. Por el contrario, el proyecto de Diputados, al reducir los riesgos de juicios, no genera ‘erogaciones ocultas’ por futuros juicios”, dice Colina.

Así, el estudio considera que, “objetivamente, el proyecto de Diputados preserva más el superávit fiscal que el DNU» y la razón es «que hay una frondosa jurisprudencia que advierte que la movilidad tiene que ser regulada por ley y que el ensamble con la fórmula que se sustituye tiene que ser consistente”.

Por caso, el documento que dio a conocer en las últimas horas IDESA señala que “no hay que vetar la ley previsional, sino instrumentarla bien”.

Fuente: Ámbito.