El nuevo jefe de Gabinete del ministro Guillermo Presti, Guillermo Madero, surgió como uno de los funcionarios que bloquearon pedidos clave de la Conadi y pusieron en riesgo el acceso a documentación sensible, lo que tensó la política de derechos humanos dentro del Ministerio de Defensa y abrió un conflicto institucional sin precedentes desde el retorno democrático.
La designación de Guillermo Madero como jefe de Gabinete de Guillermo Presti reabrió un debate que ya inquietaba a organismos de derechos humanos, fiscales federales y especialistas en memoria y justicia. Hasta ocupar su nuevo cargo, Madero actuó como subsecretario de Planeamiento Estratégico y luego como responsable de Defensa Civil. Su paso por esas áreas dejó un rastro de decisiones que afectaron la búsqueda de bebés robados durante el terrorismo de Estado, una de las políticas de Estado más sensibles desde 1983.
El episodio más grave ocurrió en febrero de 2024. En ese momento, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) solicitó una historia clínica fundamental para una investigación en curso. Madero negó la entrega del legajo y argumentó que “el Poder Ejecutivo no puede conducir investigaciones”. Esa postura contradijo más de tres décadas de cooperación entre Defensa y los organismos de memoria, y se difundió rápidamente en espacios vinculados a posiciones pro-impunidad.
El rechazo no quedó aislado. Pocas semanas más tarde, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adoptó la misma línea y calificó a la Conadi como un “organismo militante”. Después, Javier Milei eliminó por decreto la Unidad Especial de Investigación, herramienta clave para acceder a archivos estatales que ayudaban a identificar a los nietos y nietas apropiados.
Paralelamente, Madero protagonizó otro gesto polémico. El 7 de marzo de 2024 ingresó a la Unidad 34 de Campo de Mayo junto a un funcionario del área de Derechos Humanos. La visita alcanzó notoriedad porque los represores presos quedaron, según testimonios, “muy esperanzados” tras hablar con ambos. Desde Defensa aseguraron que la recorrida tuvo fines administrativos, pero el contexto sumó dudas y tensó aún más el clima interno.
El conflicto escaló cuando el ministro Luis Petri desplazó a los Equipos de Relevamiento y Análisis documental, grupos técnicos que aportaban información indispensable para causas por delitos de lesa humanidad. Treinta y seis fiscales defendieron el valor de ese trabajo. El fiscal general Miguel Palazzani pidió preservar el acervo archivístico, pero Madero respondió con una nota al procurador Eduardo Casal para cuestionar la comunicación directa. Casal reprendió a Palazzani, aunque el pedido buscaba únicamente evitar la pérdida de documentos esenciales.
El escenario se complicó aún más a comienzos de mes, tras la denuncia del fiscal Félix Crous contra un alto mando de la Armada por un intento de destrucción de archivos. En su presentación, Crous describió un “esfuerzo persistente y coordinado dirigido a obstruir la preservación de la prueba de los delitos cometidos durante la última dictadura”, y colocó el accionar de Madero como el primer antecedente de esa secuencia.
En julio, el ahora jefe de Gabinete publicó una columna en la que impulsó la “doctrina Petri” y sostuvo que las Fuerzas Armadas quedaron relegadas por una visión centrada en derechos humanos. Allí afirmó: “A través de una visión ideológica restrictiva y una interpretación parcial de la memoria histórica —enfocada únicamente en la vertiente terrorista de los 70— se relegó a las Fuerzas Armadas a un papel meramente testimonial”. También denunció la existencia de una “industria de los juicios de derechos humanos”, frase utilizada por sectores que cuestionan los procesos judiciales en materia de lesa humanidad.
Desde la Casa Rosada celebraron la llegada de Presti y anunciaron el fin de la “demonización” de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, para diversos ámbitos judiciales y organismos de derechos humanos, el ascenso de Madero envió otro mensaje: la consolidación de un funcionario que ya puso trabas concretas a las investigaciones sobre bebés robados y que tensionó la política estatal de memoria, verdad y justicia.
En un país reconocido por sus procesos judiciales contra los crímenes de la dictadura, la nueva estructura de Defensa dejó una pregunta abierta: qué lugar ocupará la preservación de archivos y el acompañamiento a las investigaciones que siguen buscando identidad, incluso medio siglo después.
