La Cámara de Diputados de Formosa aprobó el jueves por la tarde un proyecto propuesto por el Poder Ejecutivo para modificar la Constitución provincial. La legislatura, compuesta por una única cámara con 30 integrantes, está dominada por el oficialismo justicialista, liderado por el gobernador Gildo Insfrán, que controla dos tercios de los escaños.

Por eso, el desenlace fue contundente: 20 votos a favor y 10 en contra, correspondientes a las bancas que la oposición distribuye entre el Frente Amplio Formoseño (FAF), Libertad, Trabajo y Progreso, la Unión Cívica Radical, el PRO y Nuevo País.

El documento aprobado ingresó al ámbito legislativo hace dos días. Manifiesta la necesidad de realizar una reforma completa de la Constitución vigente desde 2003. Se anticipa que la Convención encargada de llevar a cabo esta tarea definirá “nuevas regulaciones sobre los derechos políticos a elegir y ser elegidos”.

Mediante esta reforma y especialmente con este aspecto, la administración de Insfrán se adelanta a la posibilidad de un fallo adverso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la reelección ilimitada del Gobernador. La corte suprema actualmente analiza cuatro casos relacionados con este tema.

La Corte le dio a Gildo Insfrán 60 días para responder la demanda

El argumento central en todas ellas es que este mecanismo compromete la separación de poderes y el sistema republicano que debe guiar la organización institucional de las provincias argentinas. En la acción presentada por el senador nacional libertario Francisco Paoltroni, la Corte otorgó al gobierno de Insfrán un plazo de 60 días para responder a la demanda. Lo mismo sucedió con la denuncia impulsada por el diputado nacional de la UCR, Fernando Carabajal.

El Poder Ejecutivo tendrá 12 meses desde su promulgación para convocar a elección para la Convención reformadora.

De igual modo, existen demandas impulsadas por el FAF y el partido «Nuevo País». Estas dos fueron enviadas al Procurador Eduardo Casal para que determine sobre la jurisdicción de la Corte. Las causas se basan en la Constitución actual. Si esta fuera alterada, las acciones judiciales y la intervención de la Corte podrían quedar sin efecto práctico.