Las universidades públicas volvieron a encender una señal de alarma frente al deterioro presupuestario, la pérdida salarial y el recorte de partidas estratégicas. En la antesala de la marcha federal universitaria del 12 de mayo, autoridades de distintas casas de estudio advirtieron que la situación “se agrava” y que el funcionamiento del sistema comienza a verse comprometido.
Durante una entrevista en Radio Urbana Buenos Aires, el rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, Germán Oestmann, y el vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Germán Pinazo, describieron el impacto de los aumentos de costos y la caída de los ingresos en las universidades nacionales.
Oestmann señaló que uno de los datos más críticos está vinculado con los gastos de funcionamiento. Según detalló, en los últimos 28 meses la factura de electricidad de la universidad pasó de un millón de pesos en diciembre de 2023 a 27 millones de pesos en la última boleta.
“Pagamos 30 veces más la luz, pero nuestro presupuesto de funcionamiento no creció en la misma proporción”, explicó. Y remarcó que ese desfasaje afecta directamente el sostenimiento cotidiano de las instituciones, desde el pago de tarifas hasta la compra de equipamiento básico, mobiliario y tareas de mantenimiento.
El rector también se refirió a la situación judicial por la Ley de Financiamiento Universitario. Recordó que la norma fue aprobada por el Congreso, vetada por el Poder Ejecutivo y luego ratificada nuevamente por el Parlamento. En ese marco, el sistema universitario presentó una medida cautelar que obtuvo un fallo favorable, aunque la decisión quedó momentáneamente suspendida tras la apelación del Gobierno nacional, a la espera de una definición de la Corte Suprema.
Por su parte, Pinazo advirtió sobre el fuerte deterioro salarial de docentes y no docentes. Según precisó, los trabajadores universitarios necesitan hoy una recomposición del 49% para recuperar el poder adquisitivo que tenían en noviembre de 2023.
“El salario perdió tanto que, medido en términos acumulados, es como si de los últimos 28 meses ocho no se hubieran pagado”, explicó. Además, indicó que un trabajador no docente de categoría media con ocho años de antigüedad acumuló una pérdida cercana a los 20 millones de pesos.
El vicerrector de la universidad de General Sarmiento también alertó por las consecuencias que esto genera sobre la planta académica. En distintas universidades, sostuvo, se multiplican las renuncias de docentes con dedicación exclusiva e investigadores que migran hacia el sector privado ante la caída de ingresos. “Se pierde capital humano formado y también capacidad de investigación”, afirmó.
A ese escenario se suman los recortes en ciencia, infraestructura y becas. Pinazo aseguró que el Gobierno ejecutó “cero pesos” en infraestructura universitaria durante 2024 y 2025, y que esa partida fue directamente eliminada en el presupuesto previsto para 2026.
En materia de ciencia y técnica, señaló que el financiamiento cayó en dos tercios en términos reales. En tanto, las becas estudiantiles también sufrieron un fuerte ajuste: según explicó, las becas Progresar registraron una reducción del 82% en términos nominales entre 2025 y 2026.
Para el dirigente universitario, la discusión ya no es únicamente presupuestaria. “El problema es institucional”, planteó. Y sostuvo que el conflicto gira también en torno al cumplimiento de las leyes aprobadas por el Congreso y de los fallos judiciales que ordenan su aplicación.
En ese contexto, las universidades de todo el país se preparan para una nueva movilización federal el próximo 12 de mayo. Oestmann adelantó que autoridades universitarias participarán en Plaza de Mayo, mientras que en las provincias habrá convocatorias en las plazas centrales, junto a sindicatos docentes, no docentes y organizaciones estudiantiles.
“La sociedad empieza a advertir lo que significa cuando falta algo que la universidad garantizaba”, resumió el rector chaqueño.
