La estrategia del Gobierno para avanzar con la renegociación de alrededor de 800 convenios colectivos de trabajo quedó prácticamente inmovilizada. La convocatoria prevista tras la reglamentación de la reforma laboral no despertó interés entre sindicatos ni cámaras empresarias y apenas registró avances en dos casos puntuales.

El proceso surgió a partir del decreto 407/26, firmado por el presidente Javier Milei junto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La norma estableció que las negociaciones debían comenzar el 1 de julio bajo la coordinación de la Secretaría de Trabajo.

La intención inicial consistía en revisar las denominadas «cláusulas obligacionales», es decir, aquellas disposiciones de los convenios que no se relacionan con los salarios. Entre ellas aparecen los aportes y contribuciones destinados a sindicatos, obras sociales y entidades empresarias.

Sin embargo, distintos actores del mundo laboral señalaron que la reglamentación amplió el alcance de la revisión. Esa decisión abrió la posibilidad de discutir condiciones laborales y otros aspectos sensibles de los convenios colectivos, lo que terminó por desalentar la participación tanto de gremios como de empleadores.

Solo dos convenios registraron avances

De acuerdo con los datos oficiales, apenas dos negociaciones mostraron algún progreso desde el inicio de la convocatoria.

El convenio de la industria de la Alimentación actualizó la totalidad de sus cláusulas, aunque mantuvo su vigencia, un resultado distinto al objetivo que perseguía el Ejecutivo. Por otra parte, Mirgor y el sindicato Smata acordaron un banco de horas limitado a compensar períodos de suspensión, sin eliminar el pago de horas extras.

Más allá de esos casos, el resto de las actividades no inició revisiones. Incluso desde el área de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo admitieron la escasa respuesta obtenida.

El principal punto de conflicto

Uno de los aspectos que más resistencia generó fue el límite impuesto a los aportes y contribuciones previstos en los convenios colectivos.

La reglamentación fijó un máximo del 2% para los sindicatos y del 0,5% para las entidades empresarias, con la particularidad de que esos porcentajes deben calcularse únicamente sobre el salario básico, sin incluir adicionales, horas extras u otros conceptos remunerativos.

Para numerosos sectores esa modificación implica una reducción importante de los recursos que financian el funcionamiento de sindicatos y cámaras empresarias. En actividades donde los adicionales representan una parte significativa del sueldo, la medida reduce de forma considerable los ingresos provenientes de las denominadas «cuotas solidarias», que alcanzan a trabajadores no afiliados y empresas que no integran cámaras patronales.

Grandes organizaciones sindicales, como Comercio, Camioneros, la Asociación Bancaria, Gastronómicos y Smata, dependen en buena medida de esos recursos para sostener su estructura.

Las entidades empresarias también cuestionaron la decisión. Instituciones como la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) reciben contribuciones contempladas en distintos convenios colectivos que ahora quedaron alcanzadas por las nuevas limitaciones.

Preocupación por el impacto en las paritarias

Negociadores con experiencia tanto del sector sindical como empresarial advirtieron que la reglamentación podría alterar un mecanismo de negociación que funcionó durante décadas.

Uno de los representantes empresarios resumió esa preocupación con una frase contundente: «si nos sacan los aportes y contribuciones que solemos acordar con los gremios sólo nos queda el salario por discutir y eso va a elevar los reclamos y el conflicto, necesariamente».

Ese escenario, sostienen distintos actores del sector laboral, contradice el objetivo que buscó el Gobierno con la reglamentación de la reforma laboral, que apuntó a reducir costos vinculados al empleo mediante la modificación de los convenios colectivos.