El oficialismo resolvió acelerar el tratamiento del proyecto que incrementa las penas por los delitos de falsa denuncia y falso testimonio, una iniciativa promovida por la senadora Carolina Losada que genera un fuerte rechazo entre organizaciones feministas, especialistas y organismos de derechos humanos.

Tras varios meses sin avances, la propuesta volvió a instalarse en la agenda parlamentaria. La presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, anunció que convocará a una sesión el 6 de agosto con el objetivo de convertir el proyecto en ley. La decisión también responde a la estrategia del Gobierno para consolidar acuerdos con bloques aliados de cara al debate por la suspensión de las PASO.

La iniciativa modifica artículos ya existentes del Código Penal. En concreto, eleva las penas para los delitos de falsa denuncia y falso testimonio, bajo el argumento de que las sanciones actuales resultan insuficientes.

Durante el debate en comisión, Losada sostuvo: “Las denuncias falsas arruinan vidas. Utilizan recursos del Estado para su investigación y las penas existentes hoy son, prácticamente, inexistentes”.

Cambios para sumar apoyos

El proyecto original recibió numerosas críticas. La primera versión proponía un aumento de penas exclusivamente para denuncias vinculadas con violencia de género, abuso sexual y delitos contra las infancias. Esa redacción despertó cuestionamientos porque, según distintos colectivos, podía desalentar la presentación de denuncias en delitos que ya registran un importante nivel de subregistro.

Frente a esas objeciones, el oficialismo negoció modificaciones con otros bloques. La nueva versión amplía el alcance del endurecimiento de las penas a otros delitos, en lugar de limitarlo únicamente a casos de violencia de género.

El borrador establece que, cuando la falsa imputación involucre delitos dolosos graves o hechos con víctimas menores de edad, la pena podrá llegar de dos a cinco años de prisión. Además, si la denuncia derivó en restricciones judiciales sobre derechos patrimoniales o familiares, la sanción prevista será de tres a seis años de cárcel.

Las críticas al proyecto

Las organizaciones que rechazan la iniciativa sostienen que el cambio de redacción no elimina el problema de fondo. Aseguran que la posibilidad de enfrentar penas más severas podría desalentar a víctimas de violencia de género o abuso sexual a acudir a la Justicia.

Daniela Dosso, una de las denominadas «madres protectoras», cuestionó el proyecto y afirmó: “Esta ley viene a consolidar algo que se da en las sombras. Porque en los expedientes los abogados vienen ya planteando, como estrategia judicial, que hicimos una falsa denuncia por despecho, por venganza o por un supuesto beneficio económico”.

También advirtió: “Con esta ley tienen una herramienta valiosísima no solo para lograr la impunidad, sino también para vengarse y criminalizar a quienes han querido poner un límite y han denunciado”.

Qué muestran las estadísticas

Uno de los principales cuestionamientos al proyecto apunta a la falta de evidencia que respalde la existencia de un aumento significativo de falsas denuncias.

Según un informe del Observatorio de Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal, las falsas denuncias representan apenas el 0,09% del total de las causas penales relevadas en 17 jurisdicciones durante los últimos tres años.

El estudio concluyó que ese delito constituye un «fenómeno marginal» y señaló que «La falsa denuncia representa una causa aproximadamente cada mil en el sistema penal. El falso testimonio, aproximadamente una causa cada cuatro mil».

En la misma línea, el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina advirtió en un comunicado que “La instalación de la idea de una supuesta proliferación de denuncias falsas no solo carece de sustento empírico, sino que además genera efectos regresivos: desalienta la denuncia, refuerza estereotipos de género y contribuye a la deslegitimación de la palabra de las mujeres víctimas”.

Con el respaldo del oficialismo y parte de la oposición dialoguista, el proyecto quedó en condiciones de llegar al recinto durante la primera semana de agosto, en una sesión que también servirá para medir el nivel de acuerdos políticos antes del tratamiento de la suspensión de las PASO.