Con el foco público puesto casi exclusivamente en el Mundial, la Casa Rosada apuesta a avanzar con una de las reformas más controvertidas de su gestión. Bajo el argumento de fortalecer la propiedad privada y atraer inversiones, el oficialismo impulsa una modificación integral de varias leyes que regulan la tierra, las expropiaciones, los desalojos y la protección ambiental.

El proyecto llegó al recinto después de una extensa negociación política y acumuló más de una docena de modificaciones desde que obtuvo dictamen en mayo. Incluso en las horas previas al debate continuaron las conversaciones entre el oficialismo y sectores dialoguistas para reunir los votos necesarios y ajustar algunos artículos.

Sin embargo, el capítulo que concentra la mayor resistencia elimina las restricciones generales para la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. Para sus críticos, la iniciativa habilita una nueva etapa de extranjerización sobre zonas donde se concentran recursos estratégicos como el litio, el petróleo, los minerales críticos y corredores bioceánicos.

Durante una conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió el proyecto y afirmó que el Gobierno «propone levantar las restricciones generales para la adquisición de tierras rurales por extranjeros». También sostuvo que «la norma de 2011 criminalizó la compra de tierras por parte de extranjeros».

La respuesta llegó desde el Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires. Su coordinador, Pablo Voldkin, rechazó esa interpretación y respondió: «Es una barbaridad, que se deriva de la malicia o de la ignorancia».

El especialista explicó que la legislación vigente nunca prohibió esas operaciones. La norma únicamente estableció límites para evitar una concentración excesiva de tierras en manos de capitales extranjeros. Según detalló, actualmente esos propietarios poseen cerca del 5% de la superficie rural del país y la ley permite que esa participación alcance el 15%.

Para Voldkin, el cambio impulsado por el Gobierno elimina justamente los límites que protegen las regiones más sensibles. También cuestionó la decisión de quitar los topes por nacionalidad, una medida que, según sostuvo, favorece especialmente al capital estadounidense, hoy uno de los principales propietarios de tierras rurales en la Argentina.

El debate también quedó atravesado por fuertes cuestionamientos políticos. Desde Unión por la Patria sostienen que el oficialismo eligió deliberadamente el contexto del Mundial para reducir el impacto público de una reforma que modifica aspectos centrales de la administración del territorio.

El senador Eduardo «Wado» de Pedro sintetizó esa postura con una crítica directa al Gobierno: «Es un proyecto de extranjerización del territorio. No es casualidad que quieran tratarlo en medio del Mundial: tienen que hacerlo cuando la sociedad está mirando para otro lado. Nosotros insistimos con nuestro rechazo porque a la Argentina hay que defenderla en todas las canchas. Sin territorio, dejamos de ser un país soberano».

Luego agregó otra acusación contra el Presidente: «La única explicación para esto es algún negocio inconfesable de Milei con megamillonarios, fondos especulativos o potencias extranjeras».

Más cambios: expropiaciones, desalojos y manejo del fuego

La reforma no se limita al régimen de tierras. También modifica la ley de expropiaciones con requisitos mucho más estrictos para que el Estado pueda declarar la utilidad pública de un bien. Además, establece que la toma de posesión solo podrá concretarse después del pago total de la indemnización, actualizada e incluso con el reconocimiento del lucro cesante que pueda acreditar el propietario.

Para los sectores opositores, esos cambios reducen de manera significativa la capacidad de futuros gobiernos para recuperar activos considerados estratégicos.

Otro de los ejes del proyecto acelera los procesos de desalojo. La iniciativa habilita a los jueces a ordenar la restitución anticipada de un inmueble cuando existan elementos suficientes en una evaluación preliminar, sin esperar el final del juicio. Solo contempla una excepción para hogares donde residan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores sin otra alternativa habitacional.

La propuesta también elimina las restricciones incorporadas a la Ley de Manejo del Fuego, que impedían modificar durante décadas el destino de los terrenos afectados por incendios. Esa protección buscó desalentar maniobras especulativas para desarrollar emprendimientos inmobiliarios o ampliar la frontera agropecuaria sobre tierras arrasadas por el fuego. Con la reforma, ese resguardo desaparecería.

El oficialismo presenta la iniciativa como una herramienta para fortalecer la seguridad jurídica y fomentar inversiones. Sin embargo, la oposición sostiene que el proyecto avanza sobre cuestiones que exceden el derecho de propiedad: habilita la compra irrestricta de tierras por capitales extranjeros, limita la capacidad del Estado para intervenir sobre bienes estratégicos y elimina mecanismos de protección territorial y ambiental. Todo, mientras el Mundial concentra la atención de buena parte de la sociedad.