En medio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA.SA.) impulsado por la administración nacional de Javier Milei, el presidente del bloque Fuerza Patria en el Senado bonaerense, Sergio Berni, ingresó un proyecto de ley para que la provincia de Buenos Aires tenga participación institucional durante el procedimiento, al considerar que el principal asentamiento operativo de la empresa se encuentra en territorio bonaerense.

La iniciativa contempla la creación de una Comisión Mixta integrada por diez legisladores -cinco senadores y cinco diputados-, con representación proporcional de todos los bloques políticos. Ese organismo tendría la misión de intervenir en el proceso de privatización, elaborar informes públicos y velar por la protección de los intereses de la provincia de Buenos Aires y del país.

Para fundamentar la propuesta, Berni se apoyó en el artículo 11 de la Ley Nacional de Reforma del Estado, que dispone la participación de las provincias cuando la empresa sujeta a privatización posee en su territorio su principal asentamiento. “La norma es muy clara: cuando una empresa sujeta a privatización tiene su principal asentamiento en una provincia, esa provincia debe participar del procedimiento. Lo que estamos haciendo es garantizar que ese derecho se ejerza y no quede librado a la voluntad del Gobierno nacional”, destacó Berni.

Asimismo, el legislador sostuvo que la intervención de la Provincia resulta “indispensable”, ya que en la localidad de Lima, partido de Zárate, funcionan las principales instalaciones de NA.SA., entre ellas las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y el proyecto CAREM-25, considerado uno de los desarrollos tecnológicos más relevantes del sector nuclear argentino.

En los fundamentos de la iniciativa presentada ante la Legislatura bonaerense, Berni remarcó la importancia estratégica de la empresa y advirtió sobre el impacto que tendría el proceso de privatización en territorio provincial. “Nucleoeléctrica Argentina no es una empresa más. Allí se desarrolla una actividad estratégica para el país, vinculada a la generación de energía, al desarrollo tecnológico y a la soberanía nacional, y la provincia de Buenos Aires no puede ser una simple espectadora de un proceso que impacta directamente sobre su territorio”, agregó el senador.

Por caso, la iniciativa del exministro de Seguridad bonaerense también advierte que excluir al Ejecutivo provincial del procedimiento implicaría incumplir un requisito esencial previsto por la normativa vigente. En consecuencia, el texto señala que una eventual omisión por parte del Ejecutivo Nacional podría afectar la validez del proceso de privatización de Nucleoeléctrica Argentina y habilitar la promoción de acciones administrativas y judiciales para resguardar los derechos bonaerenses.

“Nucleoeléctrica Argentina es una empresa estratégica para el desarrollo energético, científico y tecnológico del país. Defender la participación de la Provincia significa hacer cumplir la ley, fortalecer el federalismo y proteger un patrimonio fundamental para el presente y el futuro de la Argentina“, concluyó Berni.

El proyecto fue presentado meses después de que el Gobierno nacional formalizara el inicio de la privatización parcial de la empresa estatal. En noviembre de 2025, el Ministerio de Economía oficializó la venta del 44% del paquete accionario de la compañía mediante una licitación pública nacional e internacional, aunque dispuso que el Estado conservará el 51% de las acciones y el control sobre las decisiones consideradas estratégicas, como la ampliación de la capacidad instalada y la construcción de nuevas centrales nucleares.

Ese proceso quedó a cargo de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía, con un plazo máximo de doce meses para concretar la licitación. Además, la normativa previó la creación de un Programa de Propiedad Participada para asignar el 5% del capital accionario a los trabajadores de la empresa y encomendó la revisión del estatuto societario para adecuarlo al ingreso de capital privado.