En el inicio de una semana en donde las investigaciones judiciales atraviesan las gestiones del Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados avanzó con distintas tareas de control. Entre ellas, discutió las condiciones de una comisión investigadora por la distribución de fentanilo contaminado en hospitales. Por la causa, han sido registrados al menos 96 muertes, distribuidas en instituciones sanitarias de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Formosa, Neuquén y Santa Fe, además de la ciudad de Buenos Aires.

Antes del debate parlamentario, familiares de víctimas tomaron la palabra. Entre ellas, Liliana Peralta, mamá de Leonel Ayala -fallecido en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires-, quien le solicitó al Congreso «compromiso y acción inmediata en relación a la situación que atraviesan las familias damnificadas y posibles víctimas a raíz de la provisión de fentanilo adulterado«. A su vez, solicitó asistencia psicológica los involucrados, la entrega de historia clínica de las víctimas y un pedido de informes a los centros sanitarios involucrados.

En el encuentro informativo de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento se coincidió en constituir la comisión investigadora la próxima semana con criterios de conformación similar a la abocada a la causa $LIBRA, aunque cualquier definición sería en un plenario conjunto con la Comisión de Asuntos Constitucionales. En ese marco, buscan elaborar un informe final que pueda generar información vinculante para la justicia, donde conste el rol de los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo, su posible vínculo con Ejecutivos provinciales y el nacional y las responsabilidades políticas y materiales de las muertes.