El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de La Plata condenó a la ex diputada del PJ Patricia Mónica Fernández por malversación de caudales. Además de la sentencia, se computó como agravante la traición a la confianza delegada por el electorado.

El fallo impuso la pena de cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. El argumento central fue que la ex legisladora se "apropió" de "subsidios destinados a personas de bajos recursos".

La causa se inició en enero de 2000 cuando una colaboradora de Fernández denunció a la Justicia que el dinero que la Legislatura entregaba para becas y subsidios a carenciados en realidad era cobrado por la ex diputada, sus amigos y familiares.

Fernández figuraba como presidenta de la entidad Red Bonaerense, y varios de sus empleados y familiares también aparecían como autoridades de asociaciones civiles o entidades de beneficencia "fantasmas", o sin otra actividad que la de encubrir el cobro de los subsidios.

Amalia Brovarone, la madre de la ex diputada, fue detenida en aquellos años y luego excarcelada. Era empleada de la Legislatura, del municipio de General San Martín, presidenta del Centro para el Desarrollo Comunitario de esta localidad y vicepresidenta de la Red Bonaerenses de Usuarios y Consumidores, que presidía su hija. La mujer y su otro hijo, Juan Pablo Fernández, habían omitido asentar en sus declaraciones juradas que eran empleados de la Municipalidad de San Martín.

En diciembre de 2002, ya sin los fueros que la protegían y con la causa abierta, Patricia Fernández se desempeñó como asesora de José Octavio Bordón en la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

La fiscalía de Delitos Complejos pidió su captura y la policía allanó en vano un country de la localidad bonaerense de Benavídez, donde tenía fijado domicilio. Varios meses después, el 7 de marzo de 2002, Fernández fue hallada por Interpol en las paradisíacas playas de Palma de Mallorca, en España, donde vivía. Fue la primera vez que España extraditó a una política argentina acusada de corrupción.

Al declarar en el juicio de extradición, Fernández “alegó que no había percibido en su condición de parlamentaria una forma de retribución encubierta para evitar el control fiscal, lo que es una práctica habitual en su país”, según surge del expediente. Aseguró que “los hechos no tenían carácter delictivo en la Argentina, ya que se trataba de formas de retribución de los parlamentarios aceptadas”.

Oriunda de San Martín, Fernández llegó a la Cámara de Diputados en 1995 gracias a su “amistad” con el ex intendente Julio Libonatti, procesado por irregularidades.

Fuente: Diario Hoy, Diario El Día, Diario Crítica Digital