Los procedimientos para la designación del juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla están paralizados en el Senado, mientras la Corte Suprema se prepara para funcionar con solo tres magistrados a partir de enero. Este escenario plantea un gran desafío para un tribunal fragmentado, que requerirá consenso total para emitir cada fallo; de lo contrario, se verá obligado a recurrir a jueces suplentes. La principal preocupación es la posible parálisis judicial, lo que podría hacer que los casos se prolonguen indefinidamente.

El oficialismo reconoce que la falta de avances en los nombramientos de los dos candidatos propuestos por Javier Milei se debe a la ausencia de acuerdo entre los bloques parlamentarios y el Gobierno. Aunque en la Casa Rosada había cierto optimismo respecto a obtener un dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos, este se ha desvanecido en las últimas horas. “Está bloqueado”, admitieron fuentes cercanas a Milei.

En el despacho de Lijo, ubicado en los tribunales de Comodoro Py, se percibe calma. El juez ha decidido tomarse unos días de licencia, algo inusual, y comentó: “No puedo hacer nada más” al ser consultado sobre su futuro. Se comenta en los círculos judiciales que Lijo es consciente de que su pliego está estancado y que, si no se resuelve pronto, será difícil que su nombramiento se concrete el próximo año, un año que además estará marcado por las elecciones.

El 29 de diciembre, Juan Carlos Maqueda cumplirá 75 años y dejará su puesto en la Corte. Si no se logra un avance antes de esa fecha, el máximo tribunal quedará integrado únicamente por Horacio Rosatti, recientemente reelegido como presidente; Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Este último, a pesar de estar en minoría y haberse abstenido en la votación para la reelección de Rosatti, es el principal promotor de la candidatura de Lijo, según confirmó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Por otro lado, la mesa nacional de la UCR reiteró esta semana su pedido para que una mujer sea nombrada en la Corte Suprema, en medio del estancamiento de los pliegos de Lijo y García-Mansilla. La decisión fue unánime en el Comité Nacional del radicalismo, liderado por Martín Lousteau. En un comunicado oficial, la UCR subrayó: “Ante el proceso iniciado por el Poder Ejecutivo Nacional para el nombramiento de jueces en la Corte Suprema, la Mesa Nacional reitera la necesidad de promover la igualdad de género en la composición del tribunal. Solicitamos al bloque de senadores que actúe para garantizar la inclusión de ministras mujeres en la CSJN, cumpliendo con el artículo 3 del Decreto 222/03, asegurando así una verdadera equidad de género”.

En el oficialismo, reconocen que Cristina Kirchner es clave en cualquier negociación para la integración de la Corte. Ella ejerce una influencia significativa sobre los bloques del Frente Nacional y Popular y de Unidad Ciudadana, cuyos votos son esenciales para alcanzar los dos tercios necesarios en la Cámara alta para aprobar los pliegos.

Aunque Javier Milei afirmó en una reciente reunión que no existe ningún acuerdo con el kirchnerismo respecto a la conformación de la Corte, se sabe que el Gobierno y el Instituto Patria están inmersos en una discusión tácita sobre el orden de prioridades. El Ejecutivo busca que se aprueben los pliegos de Lijo y García-Mansilla antes de discutir la ampliación de la Corte y otros cargos judiciales. Mientras tanto, el kirchnerismo exige que, antes de apoyar a los candidatos del Gobierno, se promulgue una ley que amplíe el número de jueces en la Corte.

Un factor que podría influir en el panorama en los próximos días es el fallo que emitirá la Cámara de Casación en la causa Vialidad, donde Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión. Si la condena se confirma, esto podría complicar cualquier diálogo. Sin embargo, desde el Gobierno mantienen un enfoque optimista, creyendo que podría surgir una oportunidad. “Si Cristina recibe un fallo adverso, ella debería ser la primera interesada en que se aprueben los pliegos de Lijo y García-Mansilla para reformar esta Corte”, comentaron allegados a Milei.

En cuanto a la dinámica de poder en la Corte, a finales de diciembre, el tribunal estará compuesto por Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti. La actual mayoría se verá reemplazada y cualquier decisión jurisdiccional requerirá al menos tres votos a favor; si hay un empate de dos a uno, no habrá fallo. Si no se logra consenso, se deberá convocar a un conjuez, seleccionado al azar entre los presidentes de las Cámaras Federales de Apelaciones de todo el país.

Cabe señalar que la exigencia de contar con tres jueces se aplica únicamente a decisiones jurisdiccionales. Para cuestiones administrativas, como nombramientos y asuntos internos de la Corte, solo se necesitan dos firmas, de acuerdo con una resolución adoptada en abril de este año.

En este contexto, Lorenzetti describió la situación como una “Corte de transición” y planteó la necesidad de “dialogar” y “acordar” entre sus colegas. No obstante, esto resulta complicado debido al deterioro de la relación entre Rosatti y Lorenzetti. En la Casa Rosada, reconocen que lo más probable es que se termine con una Corte de tres miembros, pero no están dispuestos a ceder en su exigencia de que se voten los pliegos de Lijo y García-Mansilla antes de abordar cualquier otro asunto.

Desde la mesa de conducción del Comité Nacional de la UCR, que también integran los vicepresidentes Inés Brizuela y Doria, Luis Naidenoff y Pamela Verasay, insisten en la importancia de que el Senado garantice la paridad de género en la Corte. “Debemos avanzar en una integración que refleje la equidad de género establecida en la normativa vigente”, expresaron en la resolución. La postura radical genera más presión sobre el Gobierno, que busca acelerar el tratamiento de los pliegos de sus candidatos para evitar que la Corte opere en condiciones críticas.