La Cámara de Senadores de la Nación atravesó una larga jornada den el que el tratamiento de la Ley de Emergencia Tarifaria que propuso parte de la oposición -con el massismo a la cabeza- concentró la mayor parte de las casi 12 horas de sesión.  Con un final que ya estaba resuelto desde algunas jornadas previas, las distintas vertientes del peronismo lograron, en su mayoría, abroquelarse y votar positivamente la normativa con 37 votos a favor, 30 en contra y ninguna abstención.

Las manos a favor de la ley que impulsa que se retrotraigan las tarifas a noviembre de 2017 consiguió el aval de casi todo el bloque de Miguel Ángel Pichetto (Argentina Federal), el que integra Cristina Fernández de Kirchner (Frente Para la Victoria), los tres representantes de Santiago Del Estero y otros como Fernando ‘Pino’ Solanas.

Dos de las sorpresas que ninguno de los dos «bandos» se esperaba fue la de los neuquinos. Por un lado, el sindicalista, Guillermo Pereyra que se sumó al voto opositor; por el otro, Carmen Crexell, que, aparentemente, acordó una normativa que ayudaría a su provincia.

De los discursos que más resaltaron fue el del formoseño, José Mayans (Bloque Justicialista) quien afirmó que «el Gobierno en su plan económico decidió servicios dolarizados y terminar con los subsidios» y aseguró que «en noviembre hubo aumentos que llegaron al 600%». En este sentido, sostuvo que «la tarifa tiene que ser justa razonable y aplicable».

Otro fue el del bonaerense Esteban Bullrich, de Cambiemos, quien cuestionó el esquema de subsidios que mantuvo la gestión del kirchnerismo y manifestó que «tener tarifas bajas para construir una vida cara, esa es la mayor inmoralidad que puede cometer un gobierno». Para el senador oficialista, la iniciativa del peronismo «es irresponsable y demagógica»; “este proyecto está diseñado para los porteños e interfiere en las funciones de las provincias», agregó.

También los del final, que tuvieron como protagonistas a Pichetto y CFK. La Presidenta mandato cumplido, señaló: «Que las tarifas se retrotraigan a diciembre y que además se aplique la variación salarial para decidir los aumentos no me parece irresponsable, al contrario, en materia de armonía social creo que sería aconsejable que lo tomen en cuenta».

En tanto, el rionegrino, dijo: «Lo único que se ha mantenido de manera inflexible, inmodificable, como si estuviera escrito en la piedra, ha sido el marco tarifario fijado por Aranguren, de eso parece que no se puede ni hablar, ni analizar una alternativa. «Desde octubre se achicaron, se encerraron y no dialogaron», agregó.

«Nadie está en campaña con este tema y no me gusta votar leyes para el veto porque implican un fracaso del Congreso; me hubiera gustado una propuesta razonable, inteligente, que los reconcilie con los sectores medios que los votaron», concluyó Pichetto.

La Ley de Emergencia Tarifaria, además de retrotraer los valores de noviembre último, limita los futuros aumentos de los servicios públicos a la variación de los salarios, eleva de dos a tres salarios mínimos el universo de hogares alcanzados por la denominada tarifa social y ordena la devolución de los incrementos cobrados por las empresas.