Con Axel Kicillof como principal referencia, el peronismo provincial llamó a movilizarse el 30 de abril y cuestionó con dureza el reparto de recursos nacionales.
El Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires resolvió avanzar con una convocatoria a Plaza de Mayo en rechazo a las políticas del Gobierno nacional. Tras una reunión del Consejo partidario, el espacio que lidera Axel Kicillof difundió un documento en el que critica con firmeza el rumbo económico y social de la gestión de Javier Milei.
La movilización fue planteada como una respuesta directa al ajuste y se realizará el 30 de abril, en la previa del Día del Trabajador. Según indicaron, el objetivo es defender la industria nacional y oponerse a un modelo que, aseguran, «quiere rematar» el país. En ese marco, el comunicado también ratificó el respaldo total a la administración bonaerense.
En el texto, el PJ denunció que la Casa Rosada decidió «darle la espalda al 38% de los argentinos» mediante recortes que afectan áreas sensibles. Además, calificó al modelo nacional como de «insensibilidad» y “desprecio”, y sostuvo que existe una decisión deliberada de «ahogar al principal motor productivo del país».
▪️Comunicado del Consejo del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires con nuevas autoridades pic.twitter.com/WjziW0RDW7
— PJ Provincia de Buenos Aires (@BonaerensePJ) April 24, 2026
Uno de los puntos centrales del reclamo fue la distribución de recursos. El peronismo bonaerense advirtió sobre una desigualdad que consideró «atroz«: la Provincia aporta el 40% de los ingresos nacionales, pero recibió menos del 7 % durante el primer trimestre de 2026. Según señalaron, esta situación impacta en «salarios pulverizados» y en familias que no logran cubrir sus necesidades básicas.
Dentro de las críticas, también enumeraron medidas concretas del Gobierno nacional. Cuestionaron la eliminación del FONID, al afirmar que se considera al conocimiento como un «gasto» y no como un derecho; alertaron por la interrupción en la entrega de medicamentos del Plan Remediar; y rechazaron el freno a la obra pública y la quita de subsidios al transporte. A su vez, denunciaron recortes en el sistema alimentario escolar y en comedores comunitarios en un contexto de demanda «desesperada».
Por otro lado, el documento incluyó cuestionamientos en el plano judicial. El espacio repudió lo que definió como una «condena y proscripción» de Cristina Fernández de Kirchner, al tiempo que exigió su liberación. También incorporó un pedido de carácter humanitario por la situación del exministro Julio De Vido.
