La CGT ha dejado atrás la pasividad que había adoptado tras el paro general del 9 de mayo, convencida de que las negociaciones con el gobierno de Javier Milei no conducían a ningún resultado. La Casa Rosada, aparentemente, ignoró las conversaciones para intensificar el ajuste y desmantelar la legislación laboral. La situación es crítica: el consumo cayó casi un 10% respecto a mayo, la pobreza sigue aumentando sin freno, y el desempleo se eleva. En este contexto, durante la última reunión del consejo directivo, se concluyó que «el gobierno hizo todo para que volviéramos a la calle» y se acordó desarrollar un nuevo plan de acción. La primera actividad será la marcha del 7 de agosto, día de San Cayetano, en la que la CGT se unirá a las dos CTA y a los movimientos sociales. El resto del plan debe ser aprobado en un plenario de regionales, pero algunos miembros de la conducción ya discuten la posibilidad de aplicar la táctica de «golpear y retirarse» para ver cómo reacciona la Casa Rosada, coincidiendo en que «estamos solos sin conducción política (partidaria)«.

Apenas días después de asumir, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una devaluación del 118%, lo que se sintió inmediatamente en los bolsillos de los trabajadores. El inicio del ajuste estatal no tardó en provocar protestas y movilizaciones por parte de los sindicatos. La CGT, la central más grande del país, reaccionó rápidamente. Primero, con una movilización y un amparo en la justicia para frenar el capítulo laboral del DNU 70/2023, y luego, el 24 de enero, organizó un paro con movilización junto a las dos CTA, apenas 44 días después del inicio del gobierno libertario.

Las movilizaciones continuaron con grandes protestas, incluyendo las del 8 y 24 de marzo, la de la universidad en abril, y el segundo paro general del 9 de mayo. Sin embargo, después de esa fecha, la CGT experimentó una calma inesperada que no reflejaba la realidad de las calles. El gobierno supo tocar la fibra interna de la CGT, inclinando a los sectores más dialoguistas, conocidos como «gordos» e «independientes«, a sentarse con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para negociar sobre la ley Bases y la legislación laboral, mientras que el triunvirato de Camioneros, liderado por Pablo Moyano, criticaba estas conversaciones como una «pérdida de tiempo«. La ley Bases fue sancionada sin que el peronismo en el Congreso pudiera evitar la reforma laboral.

El cambio de táctica de los sectores dialoguistas resultó en un intento fallido de movilización liderado por Moyano. A pesar de las diferencias en las tácticas, tanto Héctor Daer como Moyano coincidieron en que la unidad de la CGT no estuvo en peligro. En la reunión del consejo directivo, se discutió la necesidad de recuperar la iniciativa y se mencionó la responsabilidad del gobierno por su insensibilidad ante los reclamos sociales, lo que llevó al regreso a las protestas. Algunos dirigentes reconocieron la necesidad de actuar con intensidad para «no perder la confianza de los trabajadores».

El fracaso de las negociaciones con el gobierno impulsó a los sectores dialoguistas a retomar la táctica de protesta activa. Según un presente en la reunión, el líder de UPCN, Andrés Rodríguez, propuso una estrategia de «golpear y salir«. Esta idea fue aceptada por el consejo, aunque aún falta definir los detalles. La intención es convocar un plenario de regionales para la segunda quincena de agosto, donde los representantes de las casi 75 regionales de la central obrera discutirán las acciones a seguir, incluyendo la participación de las dos CTA y organizaciones sociales.

El reclamo persistente entre los dirigentes gremiales es la falta de conducción política del peronismo, resumido en un «estamos solos«. A pesar de la presencia de la dirigencia política del PJ en los actos, no hay convocatorias formales por parte del partido, lo que deja sin respuesta el problema planteado.

En este contexto, la CGT se enfrenta a una serie de desafíos y tensiones internas mientras trata de definir su estrategia frente al gobierno de Milei. La situación sigue evolucionando, con un panorama de confrontación y movilización en el horizonte.

La dirigencia de la CGT está convencida de que el gobierno actual está trabajando en secreto en un proyecto para democratizar los sindicatos. El objetivo sería hacer más transparentes las elecciones gremiales y eliminar el sistema de reelección indefinida y mandatos prolongados, que permite que muchos dirigentes se mantengan al frente de sus organizaciones durante décadas.

Según los sindicalistas, Federico Sturzenegger había estado evaluando esta iniciativa desde su tiempo como asesor de Javier Milei. Ahora, en su rol como ministro de Desregulación y Transformación del Estado, tiene luz verde para proceder con el anuncio del Presidente durante la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso el 1° de marzo: un proyecto de ley para “obligar a los sindicatos a elegir a sus autoridades a través de elecciones periódicas libres y supervisadas por la Justicia electoral, que limitará los mandatos a 4 años y establecerá un tope de una sola reelección posible”.

Desde el entorno de Sturzenegger no confirman ni desmienten las sospechas de la CGT, pero entre los sindicalistas existe una preocupación adicional. Temen que Sturzenegger aún tenga en mente una de sus prioridades: la eliminación de las cuotas solidarias, que son un medio de financiamiento de los sindicatos a través de descuentos obligatorios de una suma acordada en los convenios colectivos de trabajo.

Después de todo, fue Sturzenegger quien incluyó en el DNU 70 un artículo para eliminar las cuotas solidarias durante la revisión final del texto. Esto ocurrió cuando ya existía un acuerdo entre el actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la CGT para una reforma laboral moderada que no incomodara al poder sindical. La decisión del ex titular del Banco Central, respaldada por Milei, desencadenó un conflicto con la CGT apenas se confirmó el DNU: la dirigencia cegetista se enteró de su contenido a través de los medios de comunicación. Meses después, el Gobierno aceptó recortar la limitación a las cuotas solidarias y otros 41 artículos de la reforma laboral, tal como exigía la CGT, para asegurar el apoyo necesario para sancionar la Ley Bases.

Para la CGT, resultó provocador que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, incluyera a Sturzenegger en el primer encuentro del diálogo social convocado por el Julio Cordero el miércoles pasado. La reunión contó únicamente con la presencia del abogado del Sindicato de Comercio, Alberto Tomassone, y la ausencia de los asesores legales de la UOCRA, Marta Pujadas, y de la Federación de Sanidad, Federico West Ocampo, quienes habían confirmado su asistencia.

Otro gesto de Pettovello fue percibido como desafiante por los gremialistas. Ese mismo día, su ministerio publicó en las redes sociales un mensaje que decía: “La mesa de Diálogo Social está abierta. Invitamos a todos los sectores del mundo del trabajo, pero se ve que la CGT le tiene miedo a Moyano”. Según el análisis libertario, lo que complica cualquier diálogo con el sindicalismo es la interna de la CGT, con Pablo Moyano como el «culpable» de que se frustren los intentos de acercamiento. En realidad, esta visión no es desacertada, pero la actitud de la ministra, alineada con Milei, terminó fortaleciendo a los sectores más duros de la CGT y debilitando a quienes buscan negociar.

La ausencia de los abogados sindicales en el diálogo social también puso a la CGT en una situación incómoda ante Sara Luna Camacho, directora de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Argentina. El sector moderado de la CGT le había asegurado que la central obrera participaría en el diálogo social, alineándose con las recomendaciones de ese organismo internacional.

Sin embargo, Luna Camacho asistió a la primera reunión del diálogo social, invitada por Cordero, y fue testigo de la indecisión sindical. A pesar de sus promesas, dos moderados como Gerardo Martínez (UOCRA) y Héctor Daer decidieron a último momento que sus abogados no participarían en la mesa técnica destinada a consensuar la reglamentación de la reforma laboral. Aunque esto es lo que reclama la CGT, hace una semana decidieron no asistir al diálogo con Cordero. Así, prevaleció la propuesta de Pablo Moyano, un dirigente que siempre adopta una postura confrontativa porque no tiene nada que perder con su estilo incendiario: no maneja un sindicato (lo hace su padre Hugo) ni la CGT (donde siempre está en minoría).

Mientras tanto, uno de sus hermanos, Facundo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Peajes, se atreve a proponer algo similar al Gobierno en materia de democratización sindical. Facundo está preparando un video en el que defenderá su planteo de debatir sobre la democracia en los gremios a través de un reglamento electoral transparente, la prohibición de estatutos tramposos, la eliminación de restricciones para competir y la utilización del voto directo para elegir autoridades, entre otros puntos. Este es el mismo contenido del proyecto de ley que presentó en 2015 cuando era diputado nacional, que contó con el apoyo de su padre Hugo, pero fue rechazado por el resto de la CGT.