El episodio que marcó la represión mientras se votaba la Ley Bases en el Congreso tuvo un cierre judicial contundente. La jueza federal María Servini dictó el sobreseimiento de las últimas 16 personas que permanecían procesadas por la manifestación del 12 de junio de 2024. Durante trece meses, estos acusados llevaron adelante sus vidas bajo un proceso penal que no presentó pruebas suficientes.

Aquel día, las fuerzas de seguridad detuvieron a 33 personas. Entre ellas había docentes, trabajadores, músicos y vendedores de comida que se encontraban en las inmediaciones del Congreso. El operativo contó con el respaldo político del gobierno nacional. La ministra de Seguridad calificó públicamente a los manifestantes de “terroristas” y el fiscal Carlos Stornelli promovió cargos por delitos que incluían un supuesto alzamiento contra el orden constitucional. Según Stornelli, los detenidos pretendían “perturbar y/o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de las facultades constitucionales de los representantes de la Cámara Alta del Congreso de la Nación”.

La acusación sostenía que existió un plan para atacar la institucionalidad. La investigación judicial no halló respaldo para esa hipótesis. En su fallo, Servini remarcó que no aparecieron testigos directos ni registros audiovisuales que vincularan a estas personas con agresiones. El análisis de los teléfonos tampoco reveló ningún intercambio que demostrara una organización común. La jueza sostuvo que la detención de estos manifestantes “en nada afectó su buen nombre y honor”.

Durante los primeros días después del operativo, 17 personas recuperaron la libertad tras declarar. El 18 de junio, otras 11 fueron excarceladas, aunque todas quedaron bajo investigación. La magistrada dictó faltas de mérito mientras se revisaban imágenes de cámaras de seguridad. El proceso avanzó con lentitud hasta que finalmente los 16 últimos acusados recibieron el sobreseimiento. La resolución alcanzó a Sofía Ottogali, Gonzalo Duro, Fernando Claus Leone, Ricardo Shariff Sleme, Diego Iturburu, Román Méndez, Luis Alberto de la Vega, Juan Ignacio Espinetto, Camila Juárez Oliva, Nicolás Moyorga, Saya Lyardet, Cristian Ferreira, Juan Pablo Colombo, Ramona Tolaba, Lucía Puglia y Facundo Gómez. Todos ellos negaron las imputaciones desde el inicio y denunciaron que fueron víctimas de detenciones arbitrarias.

María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), recordó la situación de quienes permanecieron bajo sospecha: “Estas personas se bancaron entre dos y cinco días detenidos y trece meses teniendo que avisar si viajaban, sabiendo que tenían una causa abierta, una locura”. La letrada sostuvo que la causa expuso un intento de criminalizar la protesta.

La versión oficial se sostuvo sobre imputaciones que no encontraron sustento. Policías que participaron del operativo admitieron en sede judicial que no presenciaron los hechos atribuidos. El agente Ariel Leguizamón de Luca declaró que “materializó la detención de los imputados, pero con la salvedad de que no había sido él quien había intervenido en sus aprehensiones originales, ni tampoco había presenciado ninguno de los hechos que se les imputaba”.

Servini hizo énfasis en la falta de evidencias que acreditaran conductas violentas. El relato policial se contradecía con los descargos de los detenidos. Nadie portaba objetos que pudieran usarse como armas, ni existieron grabaciones que mostraran agresiones directas. La jueza subrayó que “la carencia de testigos directos de los hechos, sumado al contexto general en el que los mismos tuvieron lugar, esto es, un caos generalizado con corridas, gases, manifestantes encapuchados que agredían al personal policial que intentaba dispersar a la multitud, la carencia de registros fílmicos que reflejen el accionar concreto de los encausados sometidos a proceso, así como también el resultado negativo del desbloqueo de los teléfonos celulares, me llevan al dictado del presente”.

En paralelo a esta causa, otra investigación avanza sobre posibles violaciones a los derechos humanos durante la represión. El fiscal Franco Picardi lleva adelante esa pesquisa. Lo resuelto por Servini podría sumarse como evidencia en esa instrucción.

De las 33 personas detenidas aquel día, 24 quedaron desvinculadas por completo. Otras 9 fueron procesadas por delitos menores, como daño o resistencia a la autoridad. Estos acusados irán a juicio oral. Ninguno enfrentará cargos por el presunto ataque al orden democrático que promovieron desde el Ministerio de Seguridad.

Juan Spinetto, uno de los manifestantes sobreseídos, celebró la resolución judicial: “Después de una larga espera, hoy finalmente la jueza Servini nos dictó el sobreseimiento quedando demostrado que no había pruebas concretas para acusarnos de delitos tan graves y que se trataron de detenciones arbitrarias que buscaban disciplinar y asustar a la gente para que no salga a protestar contra las políticas del gobierno de Milei”.

La abogada Verdú advirtió que la represión de la protesta adquirió una dimensión inédita. “Estamos ante un cambio de régimen, lo que está sucediendo en materia represiva no tiene punto de comparación con nada que hayamos vivido desde 1983 a la actualidad. No tiene parangón”, expresó.

La historia de la familia Ocampo ilustró con crudeza lo ocurrido. Belén relató ante la Justicia: “Yo no fui a protestar, yo estaba trabajando, tenía el puesto de empanadas, no sé la ubicación exacta ya que no conozco las calles… cuando empezaron a reprimir a la gente, yo estaba con mi tía Belén Ocampo, que atendía conmigo el puesto, ahí al ver que la gente se venía encima nuestro comenzamos a levantar el puesto y justo llegó mi abuelo Remigio Ocampo y nos dijo que llevemos las cosas al tráiler porque ya nos estábamos por ir”.

Mientras cargaban la mercadería, los policías avanzaron. Ella contó: “En esos momentos, siempre estábamos con las manos arriba, para demostrar que no teníamos nada en las manos, y mi abuelo que estaba un poco más adelante, era empujado por la policía y lo tiraron al piso, al verlo yo me puse de espaldas ante de la policía para que no lo pisaran y ahí me agarraron personal policial, y a mi tía que estaba al lado mío también”.

El caso terminó como casi todos: sin pruebas que respaldaran las detenciones. La Justicia cerró el expediente principal, aunque aún resta el juicio a los nueve acusados. El resto recuperó la libertad sin cargos. Para los sobreseídos, la experiencia dejó una marca que se prolongó durante más de un año.