La declaración judicial de Matías Tabar, el contratista que llevó adelante la remodelación de la casa que Manuel Adorni posee en el country Indio Cua, desató una fuerte conmoción política y judicial. El constructor aseguró ante el fiscal, Gerardo Pollicita, que el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, destinaron unos 245 mil dólares a las obras de refacción y decoración de la propiedad, pagos que, según sostuvo, se realizaron en efectivo.

Pero el impacto de su testimonio no terminó ahí: este jueves, en diálogo con radio Rivadavia, dijo: «Acá parece que los únicos dos que hemos evadido serían Manuel y yo». Y añadió: «Hay muchas cosas de la de de la Argentina de hoy para solucionar. Yo vengo con una profesión totalmente distinta, que todo en blanco, declarado, todo factura».

«Estos últimos años que estuve en el tema de la construcción y llama mucho la atención porque es un tema que habría que tratar de solucionar«, dijo.

Según Tabar, «ninguna persona» de la Argentina que «se esté construyendo una casa hoy puede llegar a solventar con sus ingresos la construcción en cuanto a si tiene que declarar todo».

«Entonces, si yo hoy me tuviese que hacer una casa y tengo que empezar a facturar todo, es imposible que el blanco, como se dice ahora, te de. No es que a mí vino él (Adorni) y me propuso hagamos esto y tiene que ser en negro».

Hace unos días, el expediente incorporó además una serie de chats entre ambos previos a la declaración, donde el jefe de Gabinete intentó contactarlo para hablar sobre su presentación ante la Justicia.

El testimonio de Tabar fue uno de los más sensibles dentro de la investigación que busca determinar si existió enriquecimiento ilícito por parte del funcionario. Durante su paso por tribunales, el contratista no solo describió los trabajos realizados en la vivienda (entre ellos, la construcción desde cero de una cascada en la pileta) sino que además aportó documentación y entregó su celular para que sea peritado.

La medida fue ordenada por el juez Ariel Lijo y podría abrir una nueva etapa en la causa. Los investigadores buscan recuperar mensajes, fotografías, audios y otros elementos vinculados con las obras y con el vínculo entre el funcionario y el contratista.