El Congreso espera tratar este año el proyecto para despenalizar el aborto, el cual contemplaría, entre otras cuestiones, la legalización de la práctica y la atención de la mujer para que lo pueda realizar en cualquier centro público, así como políticas más integrales.

Ayer, en una conferencia que brindó en el Instituto de Estudios Políticos de París, el presidente Alberto Fernández afirmó que enviará al Congreso un proyecto de ley «que termine con la penalización del aborto y permita la atención de cualquier aborto en cualquier centro público”.

También, fuentes oficiales dejaron trascender que el gobierno está elaborando otra iniciativa, denominada el «Plan de los 1000 días«, que tiene como objetivo garantizar la alimentación de la madre desde el embarazo hasta que su hijo tenga dos años.

«Estamos esperando el inicio de las sesiones ordinarias del año con mucho optimismo, convencidos de que este año va a ser posible la ampliación de derechos. Las declaraciones y las acciones de Alberto van en ese sentido», aseguró a Télam la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos (FDT) en Diputados, Cecilia Moreau.

Moreau sostuvo que «la historia demuestra que cuando el Poder Ejecutivo recoge el guante de los reclamos de la sociedad, los resultados son positivos», y puso de relieve que en cada intervención, Fernández «trasmite que entendió que es una necesidad la legalización del aborto por cuestiones de salud pública».

En ese sentido, la diputada del FDT señaló que «por estos motivos y porque estamos trabajando articuladamente desde el Congreso con el Ejecutivo y las organizaciones» es seguro que «el aborto legal será ley».

Fuentes del Frente de Todos precisaron que el proyecto está siendo elaborado por el ministro de Salud, Ginés González García, y la secretaría Legal y Técnica de la Presidencia.

De todos modos, fuentes parlamentarias precisaron que «hay que esperar el proyecto del Poder Ejecutivo y saber si hay un consenso social en este tema y tener además una política integral».

Según informaron las fuentes, diputados del FDT ya mantuvieron reuniones con integrantes de la Campaña por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito, que viene presentando desde 2007 el proyecto resultado de los debates con todo el arco político y social en el Congreso y con el movimiento feminista, organizaciones sociales, de derechos humanos, académicas, científicas, religiosas, culturales, artísticas, sindicales y políticas, para avanzar en un texto de consenso.

En 2018, cuando la despenalización del aborto se debatió en la Cámara baja a lo largo de casi 3 meses, la discusión pasó por las comisiones de Legislación General, presidida por Daniel Lipovetzky (PRO); de Legislación Penal, a cargo de Gabriela Burgos (UCR-Jujuy); de Salud, Carmen Polledo (PRO) y de Familia, Mujer y Niñez, Aejandra Martínez (UCR-Jujuy), todas en manos del entonces oficialista Cambiemos, aunque con diferencias en torno al proyecto.

Además de esas comisiones, que aún no se conformaron pero que quedarán en manos del Frente de Todos, el oficialismo sumará al debate a la de Mujer y Diversidad, escindida ya de la de Familia, y no descartan que la cabecera de los debates sea la de Salud en lugar de la de Legislación General, como sucedió en 2018.

El Congreso nacional debatió en el 2018 un proyecto de legalización del aborto que generó fuertes divisiones dentro del Parlamento y en la sociedad, y que no pudo ser aprobado ya que fue rechazado por el Senado.