Lo hizo mediante un escrito presentado por sus defensores Miguel Angel Almeyra y Jorge Kirszembaum (por ausencia de Zenón Cevallos) en el que solicita que el Tribunal de apelaciones revoque el procesamiento que le dictó el juez federal Claudio Bonadío, el 22 de octubre último, y se dicte el sobreseimiento del ex Jefe del Estado.

Los letrados sostuvieron que el procesamiento "es un grosero apartamiento" de lo resuelto el 2 de junio de 2004 cuando la Cámara confirmó la "falta de mérito" que había dictado la jueza federal María Servini de Cubría, quien luego se excusó y el expediente pasó a manos de Bonadío quien también lo responsabilizó por más de un centenar de lesiones a manifestantes.

"Se imponía transformar la falta de mérito en sobreseimiento" ya que el ex presidente era ajeno a la disposición o conducción del operativo policial", dijeron los defensores en las 24 carillas del escrito al que Télam tuvo acceso y donde sostienen que Bonadío se basó en "suposiciones" acerca de que De la Rua "debía saber" lo que ocurría en inmediaciones de la Casa de Gobierno.

Recordaron que "la Policía debe actuar conforme a la ley y nadie le impartió una orden de obrar de otra manera. El principio de confianza hace que la autoridad superior dé por supuesto que obrarán conforme a las normas y a las instrucciones preexistentes siempre orientadas a resguardar la seguridad de personas y bienes".

También enfatizaron que Bonadío "omite analizar los distintos grados y niveles funcionales. Antes que el Presidente está el Jefe del Gabinete de Ministros. Ha sido suficiente que dijera que él no se ocupaba de la seguridad para que el Juez lo excluya absolutamente del caso pese a la amplitud de sus funciones que abarcan todas las del Gobierno".

"En el plano específico estaba el Ministro del Interior (el fallecido Ramón Mestre) en quien el Presidente tenía delegada la función policial. No es posible, entonces, que para el Juez el Presidente de la Nación sea el único sobre quien caer, como hoy se estila, para endilgarle todos los males de ese tiempo y el siguiente", ironizaron los defensores.

En ese sentido enfatizaron que De la Rua "no ordenó las acciones y no tuvo conocimiento de los desbordes o posibles excesos que se conocieron después" y que en la indagatoria del 12 de octubre último Bonadío "traía en sus preguntas la intención de sorprender para justificar la decisión del procesamiento que ya tenía tomada".