El primer año de Javier Milei como presidente dejó un saldo devastador en lo social. Según datos del Observatorio Social de la UCA, casi la mitad de los argentinos, 23 millones de personas, vive en situación de pobreza, lo que implica un incremento de 4 millones de pobres en apenas 12 meses. A esto se suma un aumento del 76% en la indigencia, que afecta a más de 6 millones de personas.

La pobreza infantil es especialmente alarmante: el 65,5% de los menores de 18 años vive en la pobreza y el 20% en la indigencia. Estos números, lejos de ser mitigados por la gestión actual, parecen consolidarse con políticas que priorizan el ajuste fiscal y la desregulación económica sobre el bienestar social.

Causas del colapso

Entre los principales responsables de este deterioro social se encuentran:

• Devaluación del 53% en un día: Un golpe directo al poder adquisitivo.
• Inflación interanual del 193%: Pulverizó salarios y ahorros.
• Recorte fiscal masivo: La reducción del 24% en programas sociales profundizó la exclusión.
• Caída de los ingresos: El salario mínimo perdió el 25% de su poder real, mientras que los salarios del sector privado y público cayeron 7,8% y 26,5%, respectivamente.

Los despidos masivos y la precarización laboral completan un cuadro de crisis sin precedentes.

 

El ajuste más brutal

El presupuesto social fue una de las principales víctimas de la “motosierra” prometida por Milei:

• El programa Progresar, que en 2023 ayudaba a 1,4 millones de estudiantes, hoy apenas cubre a 1 millón y con un monto real 31% menor.
• El Acompañar, destinado a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género, perdió el 87% de sus fondos.
• Las Asignaciones Familiares y el programa Potenciar Trabajo también sufrieron recortes devastadores, con caídas del 23% y 58%, respectivamente.

Aunque algunos programas, como la AUH, aumentaron en términos nominales, el poder adquisitivo sigue siendo insuficiente para enfrentar el aumento del costo de vida.

 

Represión y silencio

El gobierno de Milei no solo desmanteló el sistema de contención social, sino que también criminalizó la protesta. Las nuevas normativas permiten dar de baja a los beneficiarios de planes sociales que participen en movilizaciones, en un intento por acallar las voces críticas.

Dirigentes sociales, como Eduardo Belliboni del Polo Obrero, enfrentan procesos judiciales plagados de irregularidades. Mientras tanto, las organizaciones piqueteras continúan con sus reclamos, como el reciente acampe en La Matanza bajo el lema “Por una Navidad sin hambre”.

Un modelo sin redención

La orientación política y económica del gobierno refleja una lógica que prioriza las ganancias empresariales por sobre las necesidades básicas de la población. Según el IPyPP, las grandes empresas quintuplicaron sus ganancias este año, mientras que millones de argentinos caen en la desesperación.

Con un presupuesto 2025 que deroga artículos clave para garantizar la asistencia social, el futuro parece aún más sombrío. En palabras de los propios manifestantes: “Fuera Milei”.