El lunes concluye la feria judicial, y el caso sobre el intento de asesinato de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner continuará su proceso. Se presentarán testigos y se mostrarán pruebas que demuestran cómo Fernando Sabag Montiel apuntó a la cabeza de la dirigente, con la intención de matarla, según él mismo reconoció en su declaración.

Sin embargo, varios sectores creen que la investigación quedará incompleta y que, aunque se conocen a los autores materiales, se desconoce quién o quiénes financiaron e instigaron la operación.

A partir de esto, dirigentes de La Cámpora y referentes del kirchnerismo emitieron un comunicado señalando lo que consideran las deficiencias de la investigación.

«Sectores muy pequeños pero poderosos de la Justicia Federal han pactado una impunidad para evitar que se descubra la verdad sobre lo ocurrido. Han llevado a juicio a los autores materiales, pero hay otras conexiones involucradas», afirmó el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena. «La jueza María Eugenia Capuchetti se negó durante cuatro meses a solicitar el teléfono de Gerardo Milman, a pesar de que él estaba al tanto de la investigación. Entregó dos dispositivos: uno adquirido después del hecho y otro con los datos borrados. Están cometiendo un delito gravísimo al ocultar un magnicidio. La Corte Suprema no actúa y el Poder Judicial muestra su peor cara», agregó el funcionario.

Por su parte, la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, cuestionó: «¿Qué le pasa a la jueza que no quiere investigar? Quizás esté relacionado con el hecho de que fue designada por Macri, tenga vínculos políticos con Ritondo, o que se descubrió que recibe un sueldo del Ministerio de Seguridad de CABA, algo que está estrictamente prohibido».

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti cuestionó: “¿Por qué Capuchetti sigue siendo jueza de la causa? Ha sido recusada seis veces por destruir la prueba del celular de Sabag Montiel, que borró y rompió en su juzgado. Además, se negó a investigar la pista Millman, acusada por su secretaria, y tampoco indagó el financiamiento comprobado de la familia Caputto, entre otros aspectos”.

“La justicia oculta a los verdaderos responsables del atentado contra Cristina Kirchner”, afirmó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. “La persecución judicial y la demonización de Cristina solo buscan disciplinar a quienes tienen responsabilidades políticas para que no se enfrenten al poder económico. Este gobierno está quitando cada vez más derechos a la clase trabajadora, y no es casualidad. Cristina ya lo había advertido: no van solo por ella, vienen por todo el pueblo argentino.”

“La prensa no lo reflejará, pero detrás del intento de asesinato a Cristina hay un gran pacto que asegura la impunidad de los autores intelectuales de este grave hecho”, añadió la diputada nacional porteña Paula Penacca.

A este reclamo se suman varias firmas del universo de La Cámpora y el kirchnerismo, que sostienen que la investigación solo se centró en los autores materiales “que vimos todos por televisión” y no avanzó más allá. “No sabemos cómo se manipuló el teléfono de Montiel, que estaba en un sobre lacrado en el juzgado de Capuchetti y apareció abierto. Era una de las principales pruebas, ya que podría contener las motivaciones. Tampoco se investigó que las secretarias de Milman declararon que fueron a las oficinas de la fundación de Patricia Bullrich y un perito de Gendarmería les borró el celular. Ese perito hoy es director de informática del ministerio que dirige Bullrich”, señalaron fuentes de la agrupación K a Infobae.

La queja de los dirigentes kirchneristas se centra en que entienden que el juicio que se retoma la próxima semana solo condenará a los autores materiales, mientras que un “pacto político-judicial” impide la continuidad de las investigaciones. “Nadie ha investigado el financiamiento de Revolución Federal, a Milman, a las secretarias, ni al gendarme que borró los teléfonos. Solo se quedarán con lo que todos vimos por televisión”, se quejó otro dirigente.