La diputada Marcela Pagano sumó nueva documentación a la causa y pidió profundizar la investigación sobre posibles conflictos de interés vinculados a contrataciones con el Estado.
Luego del escandaloso viaje a New York, EE.UU. y el video antes de partir hacia Punta del Este, Uruguay, la diputada nacional, Marcela Pagano, decidió ampliar la denuncia penal presentada contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al incorporar nuevos elementos que, según sostiene, podrían evidenciar irregularidades en licitaciones públicas y vínculos incompatibles con la función pública.
Entre la documentación agregada, figura un contrato entre la consultora +BE, propiedad de Bettina Julieta Angeletti -esposa del funcionario-, y la firma National Shipping SA, empresa naviera que mantiene relación comercial con YPF, donde Adorni ocupa un cargo como director.
De acuerdo con la presentación judicial -cuyo expediente se tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo-, la consultora de Angeletti brindó capacitaciones a directivos de la compañía naviera en diferentes momentos entre 2024 y 2025, por un monto total de $ 6.370.000.
En ese contexto, Pagano advierte sobre un posible conflicto de intereses, dado que National Shipping es proveedora de YPF en el transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos, lo que implicaría un nexo económico indirecto con la empresa estatal vinculada al propio funcionario.
En el escrito, la legisladora describe la existencia de un posible «circuito triangular de flujos económicos«, al señalar que una firma que recibe pagos de una compañía estatal dirigida por Adorni contrató servicios profesionales de la empresa de su esposa.
Además, la ampliación de la denuncia incluye otras relaciones comerciales bajo análisis. Entre ellas, menciona al Grupo Foggia, involucrado en la licitación para la concesión del predio de Tecnópolis por 25 años, proceso que depende de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que responde a la Jefatura de Gabinete.
Por otra parte, Pagano también apunta al Grupo Datco, una empresa tecnológica que presta servicios a organismos públicos como el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, AySA y el Banco Nación, y que figuraría entre los clientes de la consultora.
Además la presentación judicial pone la lupa sobre una licitación de servicios de comunicación digital del Estado que supera los $ 3.650 millones, en la que, según la denuncia, habrían participado compañías con vínculos societarios entre sí.
